Estados Unidos ayudara a España en el caso contra la dictadura del general Pinochet

La investigación del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón obre la desaparición de ciudadanos españoles y chilenos durante la dictadura del general Augusto Pinochet ha recibido un espaldarazo desde EE UU. La fiscal general (ministra de Justicia) norteamericana, Janet Reno, ha ordenado que su departamento preste auxilio judicial y facilite los datos archivados en las agencias de seguridad, según informaron fuentes jurídicas de Madrid. Esto representa un golpe para el Gobierno chileno que, hasta ahora, había denegado su colaboración con España.

A iniciativa de un grupo de congresistas demócratas, el Departamento de Justicia ha admitido la petición de auxilio judicial de las autoridades españolas en la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen del general Augusto Pinochet". La fiscal general ha encargado a la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA, en sus siglas inglesas) que preste su colaboración al juez García Castellón, en el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua hispano-norteamericano.En este sentido, la OIA ya ha entrado en contacto con las agencias de seguridad de la Administración norteamericana, como la CIA o el FBI, para recabar la información relativa al caso de la Audiencia Nacional que pueda obrar en sus archivos, aunque "dentro del margen permitido por las leyes", según se constata en un escrito del Departamento de Justicia dirigido al congresista demócrata John Conyers, quien, junto con otros parlamentarios estadounidenses, entre los que se incluye el senador por Massachusetts Edward Kennedy, ha solicitado apoyo para la petición española de auxilio judicial.

Altos cargos

Otros altos cargos de Washington han recibido también la comunicación de la fiscal general sobre el caso español contra Pinochet, entre ellos, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, Benjamin Gilman; el consejero nacional de Seguridad, Sandy Berger, y el asesor de Derechos Humanos del Departamento de Estado, John Shattuck.El pasado 6 de febrero, el juez García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, tramitó el envío de una comisión rogatoria internacional a la fiscal general de EE UU para poder acceder a la información de las agencias federales sobre "crímenes contra la humanidad (...) cometidos entre 1972 y 1990 en Chile o en el exterior por personas bajo las órdenes del general Pinochet". Dos días después, este mismo magistrado decidió admitir a trámite la denuncia de genocidio presentada un año antes por la Unión de Fiscales Progresistas de España ante la impunidad de que gozan en Chile los presuntos autores de los crímenes contra la humanidad, amparados en una amplia amnistía.

Más de una decena de ciudadanos españoles de origen y varios centenares de segunda y tercera generación fueron víctimas de la represión de la dictadura chilena. Entre ellos destacan el funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria y los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó.

'Caso Soria'

En el primero de los casos, el Tribunal Supremo chileno declaró válida la amnistía contra sus presuntos asesinos y desestimó las tesis de la acusación de los abogados de la familia que argumentaba que la condición de funcionario internacional de Carmelo Soria (era jefe de sección de la CEPAL, dependiente de la ONU) dejaba sin efecto la amnistía sobre este caso.Este asunto, el de Soria en particular, y el de los españoles desaparecidos en general, ha ocasionado algunos roces entre los Gobiernos de Madrid y Santiago. Chile, que vive una transición democracia bajo la vigilancia del propio Pinochet, quien se empanó para dar protección legal a su controvertida figura de comandante supremo del Ejército, no desea remover un problema que puede enfrentarle al estamento castrense.

Por ello, el Gobierno chileno anunció el 29 de mayo su negativa a colaborar con la justicia española, incluso antes de que se solicitase oficialmente el auxilio judicial, según fuentes de la acusación particular en el caso de la Audiencia Nacional.

El ex presidente de Chile Patricio Aylwin rechazó declarar el pasado mes de mayo ante el juez García Castellón, al acogerse a su fuero diplomático durante su visita a España. Aylwin había declarado dos meses antes al diario mexicano Excelsior que había que sentar en el banquillo de los acusados al general Pinochet "por todos los crímenes que se cometieron" bajo su régimen. Sus palabras causaron un auténtico revuelo político en Chile.