El presupuesto sanitario se ha triplicado en ocho años y sigue siendo insuficiente
Los 120.000 millones prometidos por Romay no llegan a cubrir las deudas pendientes
El presupuesto sanitario se ha triplicado en sólo ocho años, pero sigue siendo insuficiente. De 1,5 billones en 1989 se ha pasado a 3,6 en 1997, y aún no basta. Tanto el Insalud, que gestiona el 38,4% de la sanidad, como las comunidades se han visto superados por los costes debidos a la universalización de la asistencia, el crecimiento de la población anciana y las modernas tecnologías. Si en 1994 hubo que enjugar una deuda cercana al billón de pesetas, la mejora presupuestaria no ha impedido un nuevo agujero. La promesa de 120.000 millones en tres años no lo cubre.
La cuantía exacta del déficit sanitario es hoy por hoy el secreto mejor guardado por todas las comunidades. Ninguna de ellas se arriesga a revelar la cifra: en unos casos, porque alcanza niveles suficientemente abultados como para justificar acusaciones de mala gestión, y en otras ocasiones porque, sin haber tenido tiempo todavía de provocar un déficit importante, esperan aprovechar el río revuelto poder pescar algo más.Con la excepción del País Vasco y de Navarra, que cuentan con un sistema de financiación propia, las otras cinco comunidades que tienen transferida la sanidad reciben cada año de los presupuestos generales del de los presupuestos generales del Estado su parte correspondiente en función de la población protegida. El procedimiento de transferir el déficit por la vía de dejar facturas en el cajón es algo que constituye una práctica común.
Algunos datos, sin embargo, pueden dar idea de la magnitud del problema. El departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña ha reconocido a este diario que, en 1996, el presupuesto sanitario tuvo una desviación de 96.000 millones, y que acumulaba unos gastos de tesorería para financiar los déficit atrasados por insuficiencia financiera que se elevaban a los 120.000 millones más.
Esto es lo reconocido.Sin embargo, los datos que figuran en la central de balances, un organismo confidencial en el que los hospitales catalanes depositan sus cuentas, figuran importantes diferencias entre lo que Sanidad reconoce que les debe en sus presupuestos y los que los propios hospitales consignan como créditos que les adeuda Sanidad.
Cataluña paga en estos momentos a sus proveedores con una demora media de 367 días. Muchos expertos consideran como un indicador fiable del volumen de deuda el tiempo que la administración sanitaria tarda en efectuar los pagos a sus proveedores.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de Andalucía, que gestiona el 17,7% de la sanidad española, únicamente reconoce padecer un déficit no superior a los 80.000 millones -la oposición del PP los sube a 300.000-, pero paga a sus proveedores con un retraso que resulta aún mayor que Cataluña.
Entre estas dos comunidades suman el 33,6% del presupuesto sanitario. Todas las fuentes consultadas coinciden en que no todas las comunidades padecen el mismo problema de déficit y que la gran diferencia entre estas comunidades y el Insalud -organismo que gestiona el 38,4% de la sanidad española- estriba en que éste se aplicó a partir de 1994 rigurosos mecanismos de contención de gasto que las comunidades no aplicaron.
El resultado es que el Insalud no tuvo desviaciones en 1994 ni en 1995, a costa, sin embargo, de dejar pendientes algunas inversiones sanitarias necesarias, según las fuentes consultadas. En 1996 sí que acusó en cambio la insuficiencia financiera y tuvo una desviación entre 18.000 20.000 millones.
Resulta evidente, por lo tanto, que los 120.000 millones prometidos por el ministro Romay Beccaria a repartir en tres años no alcanzan ni para corregir la desviación anual de las dos comunidades autónomas con mayor volumen de gestión sanitaria. Mucho menos bastarán para lograr tapar el agujero generado en los años anteriores.
Además de incrementar la proporción del gasto sanitario en relación al PIB, existe un amplio consenso sobre la necesidad de implantar un nuevo modelo de financiación que introduzca correcciones al actual sistema de reparto poblacional. Se bajaran tres correctivos: la proporción de población anciana, el número de enfermos desplazados o la cantidad de unidades docentes.
Acuerdo
Pero no va a ser fácil alcanzar un acuerdo, porque todas las comunidades están dispuestas a reclamar un correctivo que las beneficia, como dispersión de la población y atraso en las inversiones. Galicia, por ejemplo, asegura no tener déficit, pero estima que necesita unos 188.000 millones cada año más para hacer frente a sus necesidades.Los negociadores del PP y de CiU han dejado esta espinosa cuestión para ser debatida en el consejo de Política Fiscal y Financiera. El pacto para la financiación sanitaria de 1994 -que este año expira y que adecuó los crecimientos al del PIB nominal- fue bien acogido en su día por los gestores autonómicos. En la actualidad consideran que el incumplimiento de estas previsiones con las medidas de ahorro impuestas por el PSOE a partir de 1994 son las culpables de la nueva deuda.
El acuerdo que se persigue para los próximos cuatro años se acompaña con una propuesta de reforma del Sistema Nacional de Salud que en sus objetivos básicos aspira a optimizar el uso de los recursos para, al menos, conseguir frenar el crecimiento anual de los gastos que se registra actualmente. Y de momento existe voluntad política de que el dinero necesario no saldrá de los bolsillos de los ciudadanos.
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