¿Hasta cuándo?

"Acuerdo histórico". "Estabilidad para toda la legislatura". En estos términos se nos informó hace un año del pacto alcanzado por el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió para la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno.Desde entonces, el PNV ha dado tres ultimatos al Gobierno de la nación. El primero, para la aprobación de los Presupuestos de 1997, ultimátum que condujo a la cesión de los impuestos especiales al País Vasco en contradicción con lo dispuesto en el propio Estatuto de Gernika. Tras dicha cesión, el presidente del Gobierno pudo viajar "oficialmente" a la Comunidad Autónoma Vasca y ser "recibido" por el lehendakari, quien, no obstante, abandonó la comida "oficial" a los 20 minutos para asistir al Comité de las Regiones en Bruselas. "Manda huevos".

El segundo, para la fijación del cupo con cena en La Moncloa del presidente y el vicepresidente del Gobierno de la nación con el lehendakari y el presidente del PNV, dejando aparcado como tema de desacuerdo la política antiterrorista y la política penitenciaria, visita a Txikierdi incluida.

El tercero, esta misma, semana, para la "valoración definitiva" de los impuestos especiales y la consiguiente determinación del montante del cupo.

Para ser unos acuerdos "públicos" y "transparentes" no está nada mal. ¿Habrá nuevos ultimatos para el debate del estado de la nación y para los Presupuestos de 1998? A tres por año salen 12 hasta la fecha de las próximas elecciones.

Tampoco han ido mejor las cosas en lo que a CiU se refiere. El grado de cumplimiento ha sido tan extraordinario que en un año se ha "agotado" el pacto de legislatura previsto para cuatro. Debió de haber un malentendido, a pesar de la publicidad y transparencia de la negociación, de tal manera que mientras el PP pensaba que el acuerdo era un acuerdo de legislatura, CiU pensaba que era un acuerdo exclusivamente presupuestario para 1997, con vocación de ser renovado y ampliado en cada ejercicio.

El caso es que tanto Jordi Pujol como Duran i Lleida, sin dar ultimatos, van repitiendo que hay temas del acuerdo de investidura que hay que cerrar ya, para poner el contador a cero de cara a la negociación de los Presupuestos de 1998.

Así estamos cuando se cumple el primer año de gobierno de José María Aznar.

Pero hay más. El PP acaba de aceptar en el Congreso de los Diputados el estudio de un régimen fiscal privilegiado para las Islas Baleares. Y la Comunidad Autónoma de La Rioja ha hecho saber que hará uso de la capacidad normativa para regular las deducciones del IRPF a partir del próximo año. Y lo que vendrá.

Los problemas territoriales, los problemas relativos a la estructura del Estado, no suelen figurar entre las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos. Pero las apariencias engañan. No hay ningún problema tan serio como el de la cohesión territorial del país. Cuando se hizo la Constitución era uno de los problemas más importantes. Hoy es el problema más importante con mucha diferencia.

Y en este terreno se están dando palos de ciego. El PP, al año de ocupar el Gobierno, carece de política territorial, habiendo subordinado cualquier decisión en este terreno a la pura permanencia de José María Aznar en la Presidencia del Gobierno.

¿Hasta cuándo? ¿Ha pensado el PP con qué programa se va a presentar a los ciudadanos en las próximas elecciones, sean el año que viene o sean dentro de tres años, en lo relativo a la estructura del Estado?