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Quince países firmarán en Oviedo el convenio internacional sobre bioética

El texto preserva la dignidad humana frente al avance científico

Una quincena de países, entre ellos España, firmarán en Oviedo el próximo día 4 el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, el primer texto jurídico internacional con carácter vinculante destinado a proteger a las personas contra posibles abusos en las distintas aplicaciones biológicas y médicas. Al convenio podrán sumarse el resto de los 40 países del Consejo de Europa, así como Australia, Canadá, Japón, EE UU y el Vaticano.

El documento, cuya elaboración ha llevado siete años, pretende convertirse en un hito internacional en la defensa de la bioética, en un momento, por lo demás, en el que la investigación científica en tales ámbitos ha alcanzado grados de desarrollo que colocan a la humanidad ante posibilidades inauditas e inquietantes.Hasta ahora, se carecía en Europa de una legislación comunitaria sobre esta materia y algunos países del continente ni siquiera disponen de leyes propias sobre muchos aspectos cruciales ligados a la biomedicina. El convenio que se suscribirá en la capital asturiana consagra la prioridad de la dignidad humana sobre cualquier otra consideración y antepone los intereses de las personas a los de la ciencia y la sociedad, que sólo podrán prevalecer en determinadas circunstancias: cuando la salud y la seguridad pública estén en peligro o para prevenir delitos o proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.

El documento, que fue aprobado en noviembre pasado por el comité de ministros del Consejo de Europa, consta de 38 artículos, comprendidos en 14 capítulos, en los que se recogen compromisos y prohibiciones para garantizar el respeto a la dignidad de las personas, sus derechos y libertades. Así, prohibe cualquier discriminación en virtud del patrimonio genético del individuo y sólo permite la realización de pruebas genéticas predictivas con fines exclusivamente terapéuticos.

La ingenieria genética, se afirma, únicamente podrá tener una finalidad preventiva, de diagnóstico y de terapia, y siempre que ello no tenga por objeto la modificación del patrimonio genético de la descendencia. También impide el recurso a la fertilización in vitro para la elección del sexo de los hijos, salvo cuando sirva para evitar enfermedades hereditarias graves.

El texto regula asimismo la investigación médica. Prohíbe la creación de embriones humanos con fines de investigación y exige una protección adecuada de los embriones en aquellos países que permiten la investigación en técnicas de reproducción asistida. Se veta de forma categórica la utilización lucrativa de cualquier parte del cuerpo humano y exige el consentimiento del paciente, previamente informado, para la realización de intervenciones médicas, salvo en casos de emergencia. Se exige a la vez que todo tratamiento vaya en beneficio directo de las personas incapaces de dar su consentimiento, como los niños o enfermos mentales.

Los Estados firmantes se comprometen a proteger el derecho del paciente a ser informado sobre su salud, incluidos los resultados de las pruebas genéticas predictivas, pero también el derecho del enfermo a no ser informado si así lo desea. El convenio prohíbe la extracción de órganos y otros tejidos no regenerables en personas que no puedan dar su consentimiento, con la única excepción del trasplante de tejidos regenerables (especialmente, médula ósea) entre hermanos.

A este convenio se sumarán en el futuro otros protocolos adicionales. Actualmente, ya se trabaja en la elaboración de protocolos específicos sobre investigación médica, trasplante de órganos, protección del embrión humano y del feto, y sobre investigación genética. El pasado 11 de marzo, la asamblea del Consejo de Europa instó en este sentido al comité de ministros para que el futuro protocolo sobre la protección del embrión prohíba la clonación humana.

Este compromiso internacional, cuyo texto comenzó a ser redactado en octubre de 1991, entrará en vigor cuando haya sido ratificado por cinco Estados (cuatro de ellos, europeos). Cada Estado deberá armonizar a continuación sus leyes con el nuevo convenio.

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