Los rectores acusan a la Administración de cercenar la autonomía universitaria

La brecha entre el Gobierno y los rectores de las universidades públicas se agranda por momentos. La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, ha rechazado definitivamente la solicitud, planteada en diciembre por 43 rectores, de celebrar un pleno extraordinario del Consejo de Universidades para debatir el conflicto de la Universidad de Elche, creada por la Generalitat valenciana (PP) a costa de la de Alicante. La negativa de la ministra ha sido acogida con estupor e irritación por los rectores, que consideran que la actuación del PP valenciano y el manejo de esta crisis por parte de la ministra deja por los suelos la autonomía universitaria.Los rectores insisten en la vía del diálogo, pero se preparan pata intentar atajar esta situación en un ambiente general de gran pesimismo, agravado por la reciente dimisión del secretario general del Consejo de Universidades, Francisco Michavila. La primera cita prevista es en Pamplona, el próximo día 17, cuando se reúna un pleno del Consejo, presidido por Esperanza Aguirre, que tiene todas las papeletas para resultar movido.

Lejos de ser una mera cuestión académica o un simple problema regional, el caso de Elche se ha enquistado y envenena las relaciones entre el poder político y las universidades hasta un extremo de consecuencias imprevisibles, según la opinión de los rectores.

Comunidades autónomas

La incorporación de los representantes de las 17 comunidades al Consejo ha provocado un cambio radical que ha llevado a este órgano de coordinación universitaria al borde del colapso, según la mayoría de los rectores consultados. El problema estalló en toda su crudeza cuando la Generalitat creó la Universidad de Elche y desposeyó a la de Alicante de sus facultades de Medicina, Biología y Estadísitica.

La segregacion, rotundamente rechazada por los rectores (Comisión Académica), fue apoyada por los representantes autonómicos y del Parlamento (Comisión de Coordinación y Planificación), a quienes corresponde emitir informes sobre las nuevas universidades. Esto equivale a decir que, legalmente, el criterio de los rectores cuenta poco o nada.

Contra esta situación se rebelan los rectores. "Nos negamos a seguir en el papel de comparsas. Lo que piensen los rectores debería ir a misa, no puede ser tomado como un simple estado de opinión", afirma José Antonio Rodríguez, rector de Vigo. Juan José Badiola, rector de Zaragoza, se pregunta: "Si no estamos para tomar decisiones, ¿para qué estamos? ¿Para resolver cuestiones de trámite? No. Estamos muy hartos. No estamos dispuestos a seguir de espectadores y que se pongan por montera nuestras decisiones".

Para Ignacio Berdugo, rector de Salamanca, "es preocupante que las competencias del Consejo sean emitir informes no vinculantes. No se le debe restar más trascendencia al Consejo. Deberíamos ir en sentido contrario".

Gregrorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III, de Madrid, considera urgente reformar el Consejo de Universidades para evitar situaciones como la de Elche. "Con el nuevo Gobierno se ha precipitado el deterioro del Consejo. La situación es insostenible", advierte Peces-Barba, que se muestra partidario de "actuar con responsabilidad, pero con energía" en defensa de la autonomía universitaria.

La dimisión del secretario general del Consejo de Universidades, Francisco Michavila, cuya gestión es unánimemente elogiada por los responsables de las universidades, ha añadido muchos puntos de preocupación para los rectores, convencidos de que los responsables del ministerio, con la excepción de Fernando Tejerina, secretario de Estado de Universidades, no tienen capacidad ni ganas de liderar la renovación del sistema universitario y, en concreto, del propio Consejo.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Carles Solà, rector de la Autónoma de Barcelona, cree que la renovación se está viendo retrasada o frustrada por falta de impulso político, razón por la cual la CRUE prevé establecer relaciones estables con los partidos para buscar salidas al actual parón. Además, afirma Solá, "la incorporación de todos los representantes autonómicos al Consejo no se ha traducido en un análisis sobre las nuevas relaciones entre la universidad y el poder político central y autonómico. Se está hurtando este imprescindible debate porque la Administración no lo considera necesario".

Manuel Gala, rector de Alcalá de Henares, considera que las universidades "no pueden que dar a expensas del arbitrio o las veleidades de los gobiernos autonómicos, aunque la actuación de algunos, como el de Madrid, esté siendo irreprochable". "Es urgente que el Gobierno central haga frente a esta situación de confusión y disgregación y defina una política universitaria nacional. De otra forma, esto será ingobernable", añade Gala.

Otros rectores, que prefieren mantener el anonimato, son más tajantes en sus críticas a los representantes autonómicos, particularmente los del PP, a quienes acusan de actuar como "un auténtico rodillo" y, en algunas comunidades, como "superrectores políticos".