Cuba anuncia severas medidas contra los disidentes que apoyen la Helms-Burton

La ley Helms-Burton tendrá un efecto bumerán sobre los grupos disidentes y de derechos humanos dentro de Cuba. Como se esperaba, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el pasado 25 de diciembre una legislación especial para contrarrestar los efectos de la ley norteamericana que prevé acciones contra aquellos cubanos que reciban ayuda del Gobierno de EE UU, difundan informaciones o colaboren con emisoras de radio o televisión estadounidenses que puedan servir para facilitar la aplicación de la ley Helms-Burton.La ley cubana no alude de forma explícita a los disidentes, pero declara "ílicitas" diversas formas de colaboración "directa o indirecta" con la ley Helms-Burton que afectan a los grupos opositores y de derechos humanos. Así, por ejemplo, uno de los artículos de la "ley antídoto" aprobada por La Habana establece que "solicitar, recibir, aceptar, facilitar la distribución o beneficiarse de cualquier modo de recursos financieros, materiales o de otra índole procedentes del Gobierno de EE UU relacionados con la aplicación de la ley Helms-Burton", es una forma de colaboración.

Como es sabido, el Gobierno norteamericano y la ley Helms-Burton defienden como uno de los pilares de su política hacia Cuba la ayuda y el apoyo material a los disidentes, algo de lo que se benefician los principales grupos opositores. La ley del Parlamento cubano define asimismo como colaboración "difundir o ayudar a la distribución" de informaciones o documentos del Gobierno de EE UU relacionadas con la aplicación de la ley Helms-Burton, así como "colaborar de cualquier forma con emisoras de radio o televisión u otros medios de propaganda del Gobierno de EE UU" que facilite la aplicación de la ley.

Según el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, la ley tiene el objetivo de "proteger la inversión extranjera" en la isla y "preparar a todos los sectores sociales a fin de que conozcan muy bien ese plan de anexión contra Cuba".

El documento alude a las indemnizaciones de las propiedades nacionalizadas por el Gobierno de Fidel Castro, y dice que éstas podrán formar parte de un proceso negociador entre Cuba y EE UU, eso sí, examinadas conjuntamente con las indemnizaciones que reclama el Estado cubano por los daños ocasionados a su economía por el embargo económico. Asimismo, ratifica que los exiliados cubanos en Estados Unidos podrán seguir enviando remesas de dinero a sus familiares dentro de la isla sin ser "afectadas por impuesto alguno".