Un segundo éxodo de 500.000 personas se pone en marcha hacia Ruanda y Burundi

Los refugiados ruandeses y burundeses en los campos de Bukavu y Uvira, en Kivu Sur, han emprendido el éxodo hacia sus países respectivos o hacia el interior de Zaire huyendo de los combates que se desarrollan en la región entre soldados zaireños y rebeldes tutsis de origen ruandés. Los primeros de ellos cruzaron ayer la frontera por la localidad ruandesa de Cyangugu y la burundesa de Gatumba. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicaba ayer en sus últimas informaciones que medio millón de personas se encuentran perdidas en las regiones de Bukavu y Uvira, privadas desde hace tres semanas de toda ayuda, mientras la comunidad internacional sigue sin resolver la forma de intervenir.

Esos 500.000 refugiados perdidos en la selva son en su mayoría hutus que huyeron de los campamentos en torno a Bukavu y Uvira a finales del mes pasado para escapar de los combates. Las autoridades de Burundi dijeron ayer que más de 30.000 refugiados burundeses de origen hutu habían regresado al país en los últimos días.Esa masa de refugiados parece ser ignorada por el Gobierno de Kigali, ya que el ministro ruandés de Exteriores, Anastase Gasana, declaró ayer que apenas quedan refugiados de su país en Zaire después de los que han llegado en los últimos días. "Han entrado unas 500.000 personas y éste es el número real de refugia dos ruandeses que había en el este de Zaire, tanto en Kivu norte como en Kivu sur".

Estas cifras, sin embargo, están encontradicción con las que da ACNUR y otras organizaciones humanitarias. ACNUR concretamente afirma que había 1,1 millones de ruandeses hutus y 150.0.00 burundeses hutus. El enviado especial de la ONU, Raymond Chretien, dijo ayer en Kigali: "No sabemos lo que está ocurriendo al otro lado [de la frontera de Zaire]. Todavía hay entre 300.000 y 500.000 refugiados [en Kivu sur], según nuestras estimaciones". El Ministerio francés de Exteriores indicó que, según sus cifras, aún hay 300.000 refugiados en Bukavu, 200.000 en los alrededores de Goma y 200.000 más en Uvira.

Mientras las organizaciones humanitarias consideran que uno de los principales objetivos de la ayuda internacional debe ser el suministro de alimentos, medicinas y ropa, algunos países africanos insisten en que el mandato de la operación multinacional debe ampliarse a aislar y desarmar a los extremistas hutus que durante más de dos años han controlado los campamentos de refugiados y fomentado la violencia en la región.

Los milicianos hutus interahamwe (los que matan juntos) y los ex militares hutus ruandeses -ambos grupos protagonistas del genocidio en Ruanda- no sólo recibieron armas del exterior para desarrollar su lucha y mantener a los cientos de miles de refugiados como escudos humanos, sino que, además, se burlaron de la ONU, que les protegió en el campo de Mugunga, al este de Zaire, hoy totalmente abandonado por los 700.000 refugialdos que han vuelto a Ruanda desde Kivu norte através del puesto de Gisenyi.

Documentos hallados en Mugunga ponen de manifiesto que las milicias hutus, responsables del genocidio de 1994, utilizaron la protección de la ONU para planear posibles asesinatos de los actuales gobernantes en Ruanda y lanzar una campaña de agitación. Utilizaron Mugunga como base de operaciones para comprar armamento, entre narse y organizarse para volver a tomar el poder en Kigali.

Graves dudas

Los documentos en cuestión plantean graves dudas sobre la actuación de la ONU, que ha gastado un millón de dólares diarios (unos 128 millones de pesetas) en los campos de refugiados dominados por los milicianos y parecen confirmar que los extremistas hutus despreciaron sin más las condiciones impuestas por la ONU para que permeneciesen allí: prohibición de toda actividad política o militar.La procedencia de las armas para los genocidas hutus ruandeses era de empresas británicas y francesas, según los documentos hallados. El Gobierno francés negó ayer que hubiese roto el embargo de armas impuesto por la ONU en 1994, y el Gobierno británico anunció que investigará el asunto. Un comité interministerial indagará si el Gobierno británico debe contar con poderes extraordinarios para evitar que ciudadanos o empresas de este país suministren armas a otros países.