Silencio cómplice de la comunidad internacional

Armas procedentes de diversos países han seguido abasteciendo los arsenales de todas las partes en conflicto en la región de los Grandes Lagos. Amnistía Internacional (Al) ha advertido del peligro que ello suponía en varios informes publicados durante los últimos dos años. La respuesta de la comunidad internacional fue, mayoritariamente, el silencio. Las armas vuelven a hablar ahora.Los datos disponibles (buena parte del comercio es ilegal o está amparado por el secretismo oficial que rodea el comercio de armas, como ocurre en España) indican que en la zona se ha encontrado armamento procedente de diversos países.

El Gobierno de Burundi ha recibido armas, entre otros países, de: Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y China, que parece que facilitó un gran cargamento de armas ligeras en 1995.

Las antiguas fuerzas gubernamentales ruandesas: de Bélgica, Egipto, Francia, Suráfrica y Estados Unidos.

El actual Ejército Patriótico Ruandés: de Uganda, con armas soviéticas y de otras procedencias, y de comerciantes que suministraron rifles de origen rumano.

El Gobierno zaireño: de Bélgica, Francia, Alemania, Israel, Reino Unido y Estados Unidos. También se han recibido informes de envíos secretos de armas a los grupos armados hutus de oposición desde Albania, Bulgaria, China, Francia, Israel, las Seychelles, Suráfrica y Zaire.

El Gobierno surafricano aprobó un contrato para suministrar al Gobierno de Ruanda equipo militar de varios tipos, por un valor, al parecer, de 85 millones de rands, aunque el Gobierno anunció la, paralización de los envíos a raíz del inicio de la crisis, y tras una reclamación realizadas por Amnistía Internacional.

Últimamente también se han recibido varias denuncias sobre comerciantes con base en Suráfrica que venden ilegalmente armas a la región de los Grandes Lagos. Al parecer, estos traficantes utilizan el lago Tanganika como ruta de envío de armas ligeras a los grupos armados de oposición de Burundi y Ruanda, y el puerto de Durban para recibir armas procedentes de China, que se envían ilícitamente por avión a través de Zaire a la UNITA, grupo armado de oposición de Angola, y a los grupos armados hutus en el exilio. El Gobierno de Israel ha estudiado recientemente el suministro de armas al Gobierno de Ruanda.

Otras fuentes indicaban también la posible asistencia militar ofrecida por Estados Unidos al actual Ejército ruandés. Al no puede confirmar todos estos datos, pero lo que resulta evidente es que Zaire, Burundi y Ruanda han seguido recibiendo armas, a pesar de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas armadas y las milicias vinculadas a ellas, especialmente en las zonas fronterizas.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el año pasado una comisión, internacional de investigación para indagar sobre las denuncias sobre el rearme de las antiguas fuerzas armadas y milicias ruandesas en el exilio.

Uno de los casos citados en el último informe de la citada comisión es el de un avión con matrícula de Nigeria B 707, que el 24 de mayo de 1994 salió del aeropuerto de Barajas (Madrid), al parecer con un cargamento de 30 toneladas de armas que habrían llegado al este del Zaire. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, el cargamento que salió de Barajas era de fusiles de asalto alemanes G-3 de segunda mano, excedentes del Ejército portugués, vendidos a principios de 1994.

En ningún momento se ha afirmado que se tratase de armas españolas, aunque tampoco puede descartarse que empresas o intermediarios españoles hubieran facilitado armas. Al y las otras organizaciones que encabezan la campaña por la transparencia en el comercio de armas esperan que el Gobierno español aclare próximamente todos los datos relacionados con dicho vuelo (tal como reclama la ONU), así como sobre todas las transferencias de armas desde España a la zona en crisis durante los cinco últimos años.

La responsabilidad de todos los Gobiernos es evidente por la falta de acción para impedir el comercio de armas a la zona (o por su complicidad en algunos casos). Es evidente que el rearme no es la única causa del conflicto actual, pero sí es un factor agravante. Es por ello que, con motivo de crisis como la actual, es necesario reiterar que es mejor prevenir que curar, y que es urgente regular a nivel internacional el comercio de armas ligeras y facilitar los medios que permitan el control eficaz sobre su comercio. Asimismo, que el Parlamento español tiene pendiente atender la exigencia de modificar la normativa que rige el comercio de armas para garantizar la transparencia, para lo que en estos momentos sólo resta el acuerdo del Partido Popular sobre una plataforma mínima propuesta por las ONG.