La mina asturiana
HACE CINCO años, Asturias vivió un otoño marcado por la intención del Gobierno -entonces del PSOE- de reestructurar la empresa minera Hulleras del Norte (Hunosa). Una huelga general a la que se sumó todo el Principado -obispado incluido- fue el punto más alto de las sucesivas protestas, tras las que se acordaron recortes menos traumáticos de los inicialmente previstos. La calma fue provisional, como corresponde a una comarca que depende de una empresa que no ve la salida y que vive gracias a las ayudas que anualmente le llegan de los Presupuestos Generales del Estado: unos 90.000 millones de pesetas al año en la actualidad. Del intento de 1991 quedó un plan de ajuste que ha reducido la plantilla a menos de 10.000 empleados -sobre los 26.000 que tuvo-, y a 11 el número de pozos abiertos, frente a los más de 20 que había hace 30 años. El ministro de Industria, que había adelantado al principio de su mandato el cierre de Hunosa en el año 2006, redujo hace poco (en una entrevista con los directores de los diarios asturianos) ese plazo al año 2002: cuando finalice el plazo concedido por la Comisión Europea para acabar con las subvenciones industriales. Tras la amenaza de movilizaciones, el ministro dio marcha atrás, anunciando que intentaría que las instalaciones siguieran funcionando al menos hasta el 2005.
Pero un año más de agonía no es una gran esperanza para una comarca que sigue dependiendo de la mina. Hunosa no es rentable, ni lo podrá ya ser nunca, pero todavía hoy genera el 30% de las rentas personales de siete municipios de la cuenca minera. Su cierre sería una catástrofe, pero la duda es si el dinero empleado en subvencionarla, o una parte de él, no podría dedicarse a crear empleos alternativos en otros sectores con mayores perspectivas de futuro. Algunas fuentes han cifrado en una cantidad próxima a los dos billones de pesetas el total de subvenciones absorbidas por la minería asturiana desde la creación de Hunosa en 1967. Puesto que hace años que se sabe que el cierre es inevitable, tal vez los sindicatos deberían haber canalizado sus reivindicaciones menos a retrasar el desenlace que a invertir parte de esos fondos en la reconversión profesional de los trabajadores y el estímulo de nuevas actividades. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, y aunque el ministro se ha comprometido a inyectar capital para favorecer esas alternativas, la experiencia también indica que no es sencillo encontrar huecos en un mercado crecientemente internacionalizado y sometido a fuerte competencia.
