Rato prepara una nueva Ley General Presupuestaria

La consigna mas repetida en el área económica del Gobierno, en especial la que participa directamente en la elaboración del Presupuesto, es que "los mercados tienen que creerse las cuentasExiste un temor nada disimulado a que los inversores reaccionen con incredulidad y castiguen la política presupuestaria de Rato y su equipo. Para asegurar esta confianza, el Gobierno ha elaborado el plan de reforzamiento de la disciplina presupuestaria, que impone numerosas limitaciones al traslado de gastos.

Además, pretende redactar una nueva Ley General Presupuestaria, que desea tener aprobada en los primeros meses de 1997 y articular una nueva política general de compras y alquileres del Estado, aunque aún no se ha decidido qué tipo de normativa encauzará esta pretensión.

En el texto de la nueva Ley General Presupuestaria que prepara la Secretaría de Estado de Presupuestos se incorporarán todas las limitaciones y cautelas introducidas en el proyecto de Ley de Disciplina del Gasto que quiere aplicar inmediatamente (véase EL PAÍS del pasado día 6).

Inversiones a largo plazo

Pero, además de restringir la posibilidad de que se difieran los gastos contraídos durante un ejercicio o se evite su reconocimiento por el sistema de no dotar partidas presupuestarias, se pretende establecer proyectos de programación de inversiones a más largo plazo (programación plurianual), de forma que el efecto de la inversión pública sobre la economía pueda planearse sin el corsé de los créditos anuales. De nuevo, una declaración de principios, como las que realizaron otros Gobiernos, sobre la planificación de la inversión pública que hasta ahora en pocos casos y ocasiones se ha conseguido articular. Además, el departamento de Rato quiere aplicar otra regla magna de austeridad, que convenza de las intenciones constrictivas del sector público que proclama el Gobierno. Se trata de poner en marcha una "reordenación" de la política de alquileres y compra de inmuebles que tiene el Estado.Existe la convicción plena de que en muchos casos el Gobierno está pagando alquileres por encima del coste del mercado mientras que, por otra parte, mantiene edificios vacíos o infrautilizados. El objetivo es introducir racionalidad en la gestión inmobiliaria, una de las piezas del ajuste que se quiere aplicar en el capítulo segundo del Presupuesto (bienes corrientes y servicios).