El gasto público crecerá el 2,5% en 1997 menos que la inflación, para obtener la confianza del mercado

Con esfuerzo, el Gobierno que ma etapas para la elaboración final de los Presupuestos Genera les del Estado para 1997. Los cálculos de los últimos borradores muestran que el Gobierno quiere cuadrar el déficit público -en términos de protocolo de Convergencia- en 1,961 billones de pesetas para el próximo ejercicio, cifra que equivale al 2,5% del producto interior bruto (PIB). A este porcentaje habrá que añadir el 0,3% sobre el PIB que será el déficit reconocido a comunidades autónomas, y ayuntamientos y el 0,2% sobre el PIB de déficit reconocido a la Seguridad Social. Total, el 3% del PIB.Las grandes cifras del Presupuesto no difieren gran cosa de las ya conocidas. El Ejecutivo está preparando unas cuentas en las que, según los números actuales (pueden variar de aquí al próximo 30 de septiembre), los gastos del sector público crecerán en torno al 2,5%, por debajo de la inflación prevista.

Los ingresos subirán en torno al 6,3% en términos nominales y se aproximarán a los 15,9 billones de pesetas. Este aumento implica que el Gobierno elevará todas las tasas, por servicios que presta, aunque, eso sí, en un porcentaje siempre inferior a la inflación prevista.

El esquema muestra un ajuste en el gasto y en el déficit superior al que se había previsto inicialmente. La compresión del gasto, a pesar de que se practica sobre una cuenta de gastos previamente recortada, tiene como objetivo reforzar la confianza de los mercados (de Bolsa y monetarios), tanto nacionales como extranjeros, en que no se producirá desviación alguna respecto al compromiso de Maastricht.

El ajuste necesario

El ajuste necesario no ha variado: 1,2 billones de pesetas. De esta cantidad, aproximadamente las dos terceras partes, unos 800.000 millones de pesetas, deben conseguirse por el recorte de gasto.Para lograrlo, se cuenta con la congelación salarial de los funcionarios y de los empleados de empresas públicas con pérdidas, la reducción del capítulo de bienes corrientes y servicios en el, 10%, un crecimiento moderado, en el coste del endeudamiento, control empresa por empresa de las transferencias corrientes y del capital y una restricción importante de la inversión pública financiada por el Estado.

No obstante, el criterio en este capítulo es que el volumen de la inversión promovida por el Estado no disminuya en relación a 1995. Es decir, que si bien la inversión pagada por el Gobierno caerá, la que pague más la que impulse -aunque con financiación privada-, aumentará.

El detalle de las cifras de este, recorte se conocerá probablemente la semana próxima. Pero sí es posible adelantar que las transferencias a las comunidades autónomas no se restringirán; crecerán como el PIB nominal, porque "si bien para el Gobierno se trata de gastos, para los Gobiernos autonómicos se trata de ingresos".

De igual forma, el gasto en pensiones, cuyas cifras se están evaluando en estos momentos, crecerá en torno al 5,5%, debido a los deslizamientos que se producen -por aumento del número de pensionistas, por desplazamiento hacia pensiones más altas, etcétera- en el sistema, a pesar de que las pensiones subirán con la tasa de inflación prevista (2,6%).

Una muestra del ajuste continuo de cifras que se está produciendo y que continuará hasta el último minuto son las proyecciones de ahorro en los gastos sociales. Los casos más importantes están en desempleo y sanidad. En el caso del desempleo, las proyecciones oficiales para el ejercicio de 1997 calculan que, con un crecimiento económico previsto del 3,3%, el empleo crecerá en torno al 2%.

Este aumento, junto con el vencimiento natural de los plazos de pago del subsidio, hizo suponer al Ejecutivo que el año próximo se produciría un fuerte -ahorro,qué en un principio se evaluó en más de 300.000 millones de pesetas. Ahora, las cifras son más modestas y reales: el ahorro posible se aproxima a los 9.0.000 millones de pesetas.

En el caso del gasto sanitario, la cuestión radica en las negociaciones con el sector farmaceútico para "obtener algún retorno" de los aumentos de beneficios que impulsa la sanidad pública, además de la tasa de 100 pesetas por receta que quiere imponerse. Los primeros cálculos del área gubernamental responsable de los Presupuestos indican que el ahorro posible en el área de sanidad estará en torno a los 100.000 millones de pesetas.