La dura realidad

EL PARTIDO Popular creyó haber descubierto meses atrás cómo cuadrar el círculo de la economía española, y sobre esta cuadratura basó su campaña electoral. Prometió así cumplir los objetivos de Maastricht (reducción del déficit al 3% del PIB) sin tocar los grandes capítulos del Estado del bienestar ni subir los impuestos. Es más, en los momentos de máxima euforia incluso se comprometió a rebajar el impuesto sobre la renta en el transcurso de esta legislatura. Los primeros mensajes desde el Gobierno han venido a demostrar que no fue sólo una carantoña electoral, sino que realmente llegaron a creer que era posible en virtud de la euforia inversora que iba a despertar su sola presencia en el Ejecutivo. El Consejo de Ministros tuvo ayer un serio choque con la realidad.La elaboración del presupuesto para 1997 marca la hora de la verdad para este Gobierno. Hay que elogiar en principio su compromiso de reducir el déficit al 3%, condición inexcusable para entrar en la Unión Monetaria, aunque para ello sea necesario un ajuste duro, que de una u otra forma afectará a todos los ciudadanos. Tomar el tren de la moneda única cuando salga de su primera estación es una ocasión histórica que España no puede perder sin graves consecuencias económicas, y políticas. De ahí que sea incuestionable un ajuste presupuestario que pasa necesariamente por reducir gastos y aumentar ingresos.

Estamos aún ante los primeros balbuceos presupuestarios, pero el Gobierno parece ir aclarando algunas grandes magnitudes. En primer término, el propio presidente Aznar se ha encargado de enfatizar que los únicos que se van a salvar del recorte van a ser los pensionistas, y para que esta cuestión no esté permanentemente sobre la mesa se ha comprometido a aprobar una ley que garantice una subida anual de las pensiones idéntica a la inflación. Por contra, en el horizonte inmediato de los funcionarios aparece una congelación salarial que, por necesaria que sea, provocará reacciones conflictivas.

Entre las novedades que está estudiando el Gobierno figura la posible creación de un, fondo de inversión en infraestructuras que podría nutrirse al 50% de capital público procedente de las privatizaciones y de aportaciones privadas. Es una fórmula que ya ha sido ensayada en Cataluña y que puede garantizar un determinado nivel de inversión sin gravar por ello el presupuesto, aunque es prematuro juzgar sus consecuencias antes de que sea suficientemente explicada.

La idea de un recargo sobre las recetas médicas de la sanidad pública puede contribuir a racionalizar el gasto farmacéutico, que crece año a año de forma incontrolable, pero no se puede dejar de tener en cuenta su impacto en los sectores más empobrecidos de la población, y en ningún caso se entendería la aplicación de este ticket sin que el ahorro alcance también a la industria farmacéutica y a los márgenes comerciales que se manejan en el sector. Probablemente, una mejor gestión de los hospitales públicos puede lograr ahorros adicionales.

Las promesas electorales de congelar y más adelante bajar la presión fiscal resultan ahora mismo un sueño, pero el. PP intenta por todos los medios cuadrar las cuentas sin subir impuestos básicos como el de la renta de las personas físicas o el IVA. Está por ver que le sea posible. Las necesidades recaudatorias más urgentes pasarán por subir algunos tributos especiales -gasolina, alcohol, tabaco-, aunque en el caso de los carburantes tiene un impacto inmediato sobre la inflación, otra de las asignaturas de las que debe examinarse el país para cumplir las condiciones de Maastricht. Al final resultará que el Gobierno del PP termina dando por buena la reciente sugerencia de González: un duro sobre la gasolina. Una medida socialmente regresiva, que proporcionalmente afecta mucho más a las economías más débiles, pero que los Gobiernos tienden a aplicar por su inmediato efecto recaudatorio.

El riesgo mayor es que Aznar termine cometiendo el mismo error político que Chirac en Francia, a pesar de haber seguido con atención la experiencia conservadora en el país vecino. Chirac confió, como el PP, en la piedra filosofal del crecimiento económico, que todo lo cura y transforma en oro. Pero la reprise no llegó a tiempo. Aznar puede tener mejor suerte, porque España parece estar recuperando la senda del crecimiento. Pero no hay garantías de que éste haga crecer a tiempo y en volumen suficiente la recaudación del Estado ni se traduzca en un crecimiento suficiente del empleo para reducir de forma drástica los gastos del Inem.

En estas semanas hay quizá un exceso de búsqueda de soluciones imaginativas. Todos participan en la subasta de ideas, que en parte son globos sonda lanzados por el Gobierno o sus socios parlamentarios. Sólo el impenitente jefe de la Oficina Presupuestaria, José Barea, con la curiosa compañía de ocasión de dos ex ministros de Economía de Gobiernos socialistas, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, se atreve a proponer un recorte de prestaciones sociales. En cualquier caso, el Gobierno está obligado a explicar la situación con claridad, incluso si tiene que corregir alguna promesa excesiva. Amplios sectores de este país saben que la Unión Monetaria es una oportunidad histórica que España no puede perder y que exigirá sacrificios. Si el Gobierno no es capaz de convencer de ello a los ciudadanos, estará defraudando al país.