El Parlamento extremeño aprobó la nueva ley de farmacias que prohíbe su venta o traspaso

La ley de Atención Farmacéutica de Extremadura fue aprobada ayer en el Parlamento regional. Se trata de uno de los textos más polémicos elaborados por el Ejecutivo que preside Juan Carlos Rodríguez Ibarra en sus 13 años de gobierno. La ley rebaja la ratio de población a 1.800 habitantes, garantiza la existencia de una oficina de farmacia en todos los núcleos de población con más de 400 habitantes, establece que la autorización se otorgará por concurso público, prohíbe la venta, cesión o arrendamiento de las oficinas de farmacia y fija en los 70 años el tope de edad para seguir con la autorización administrativa.La ley, que había sido pactada por el PSOE e Izquierda Unida, recibió también el respaldo de Coalición Extremeña. El Partido Popular apoyó la práctica totalidad del articulado, discrepando tan sólo de los capítulos referidos a la titularidad y transmisiones. "La ley va a conseguir la igualdad de todos los ciudadanos y de los profesionales", afirmó ayer al término del pleno el consejero de Bienestar Social, Guillermo Fernández Vara, tras asegurar que era "un día muy significativo en lo personal".

El texto aprobado por el Parlamento extremeño pretende garantizar el acceso de todos los ciudadanos al servicio farmacéutico y eso, según Fernández Vara, "se logra bajando la ratio de población a 1.800 habitantes". En todos los municipios, entidades, locales mejores, poblados, pedanías o cualquier entidad poblacional que tenga más de 400 habitantes podrá existir también una oficina de farmacia. Y en aquellos núcleos inferiores se establecerá un botiquín.

Zonas periféricas

Además, la ley controlará la ubicación de las farmacias al establecer un nuevo sistema de implantación que no atenderá sólo al número de habitantes o la distancia, "sino fundamentalmente a centrar la apertura de nuevas oficinas de farmacia en las zonas periféricas de las grandes ciudades, en las áreas de nueva construcción o en nuevas urbanizaciones que. se están desarrollando", para asegurar su cobertura.La autorización de farmacia se otorgará por concurso público, de acuerdo con un baremo que se reglamentará próximamente y que tendrá en cuenta aspectos como la experiencia profesional, titulaciones académicas, integración profesional y formación posgraduada. Se tiende con ello a equiparar el sector farmacéutico con otros campos sanitarios, mediante un sistema de concurso "transparente y competitivo". Esta autorización administrativa concedida para la instalación de una farmacia caducará cuando el beneficiario de la misma cumpla 70 años, si bien se implantará de forma progresiva. A los actuales titulares de una farmacia se les seguirá aplicando el régimen de adquisición, cesión, traspaso o venta establecido en el decreto de 1978.