La UE da máxima prioridad al empleo en la cumbre que abre la reforma de Maastricht

ENVIADO ESPECIAL Maastricht-2 empezó ayer su gestación con un fuerte tono social. La cumbre de jefes de Estado o de Gobierno que abrió la Conferencia Intergubernamental (CIG) para reformar el Tratado de la Unión Europea (UE) lanzó la discusión sin alharacas, pero también sin quiebras. Un fuerte pulso de los líderes de izquierda dio al objetivo de establecer una política europea contra el desempleo mucho énfasis. Tanto como a la necesidad de avanzar en una política exterior común o al propósito de reformar las instituciones comunes para que puedan absorber sin agrietarse a la quincena de países candidatos a la ampliación que se prevé para el cercano año 2000.

Esta cumbre europea ha tenido coloración ideológica. Se la imprimieron los líderes socialdemócratas. En su reunión previa del jueves, se conjuraron para elevar el tono de la referencia a la lucha contra el desempleo contenida en la propuesta de mandato o catálogo de temas a resolver por la CIG que había planteado la presidencia italiana. La consideraron "demasiado floja", más allá de la referencia a que "la lucha contra el desempleo es el contenido prioritario". Asi, el sueco Goran Persson, el finlandés Paavo Lipponen, el holandés Wim Kok, el portugués Antonio Guterres, el griego Costas Simitis, el austriaco Franz Vranitzky y el español Felipe González encargaron a su colega danés, Poul Nyrup Rasmussen, que presentara una enmienda para reforzar el mandato sobre la política de empleo. El danés propuso varias modificaciones: que las políticas nacionales de empleo "constituyen materia de preocupación común"; que pese a su importancia "se necesita una acción coordinada suplementaria"; y que la Conferencia decida "la manera de dotar al Tratado de un marco para el desarrollo de una estrategia común de empleo coherente". Las labores de los funcionarios encargados de la negociación fueron arduas. El Reino Unido se opuso. Pero parte de la derecha social, como la del canciller Kohl, se abstuvo. Otros intentaron rebajar las aspiraciones socialdemócratas. Al final, se incluyó todo el texto de Rasmussen, aunque rebajando su tercera propuesta: la Conferencia no se abre ya con la determinación de introducir la inclusión del empleo en el Tratado y de discutir sólo su "forma"; también habrá que discutir previamente "la posibilidad" de hacerlo". Los conjurados se mostraron satisfechos porque "la propuesta. ha sido sustancialmente aceptada", como dijo Felipe González. Al empleo, y en general a lo social dedicaron los Quince la mitad de su discusión del almuerzo, aunque con pocos resultados adicionales. El presidente francés, Jacques Chirac, dedicó su mejor oratoria de campaña a destacar que "no podemos resolver. problemas como la moneda o la defensa sin tratar los efectos de una mundialización salvaje sobre el modelo social europeo: protección social, papel del Estado en la economía y diálogo entre los agentes sociales" que no comparten ni EE UU ni los dragones asiáticos. Parecía encarnar la rebelión popular de diciembre contra su premier, Alain Juppé.

Pese a tanto dispendio retórico, Chirac no logré para su planteamiento más que una mención de pasada en un anexo a las conclusiones del Consejo Europeo. Lo tuvo en cambio el presidente de la Comisión, Jacques Santer. Su propuesta de "Pacto europeo de confianza para el empleo", que incluye el desvío de unos, 300.000 millones de pesetas para financiar las grandes redes transeuropeas y otros proyectos generadores de trabajo, se tuvo en cuenta: obtuvo mayor espacio.

Pero la acogida no fue esplendorosa. Los Quince no la discutieron. Encargaron al Consejo de Ministros pertinente que la madure y se autoemplazaron para decidir sobre ella en la cumbre de junio, en Florencia. Como no especificaron a qué Consejo se referían -"aunque muchos pensamos que deberían ser los ministros de Trabajo", manifestó González-, puede que acabe siendo despedazada por el Ecofin. Los poderosos ministros de Economía y Finanzas se opusieron a este "Pacto de confianza" incluso antes de que se presentase oficialmente. En suma, Santer no logré el deseado "impulso político" de los jefes de Estado de Gobierno que le ayudase a puentear a sus ministros económicos.

Éstos reivindican que todo el dinero sobrante de la Política Agrícola Común (PAC) -los 300.000 millones son la mitad de lo que se prevé ahorrar en este concepto- se renacionalice para facilitar la reducción de los déficit presupuestarios nacionales. Ahora, el impacto de la solidaridad con el Reino Unido por la crisis de las vacas locas y el mejor ejercicio agrícola (que implica más gastos de la PAC) añaden argumentos a su voluntad de no modificar las previsiones presupuestarias plurianuales.