España obtiene un modesto éxito en la lucha antiterrorista

ENVIADO ESPECIALLa diplomacia española consiguió ayer dos modestos objetivos en el documento final aprobado al término de la cumbre y que constituye un vago mandato a la Conferencia Intergubernamental (CIG) que a partir de ahora reformará el Tratado de Maastricht. El primero, relacionado con el terrorismo, es el encargo de los Quince a sus negociadores de que logren "resultados adecuados" para mejorar "la protección, de los ciudadanos de la Unión ( ... ) frente a la delincuencia internacional, el terrorismo y el tráfico de estupefacientes".

La inclusión del terrorismo en esa lista no suscitó objeción alguna por parte de los socios. La delegación española la considera, sin embargo, como un primer paso para lograr que el futuro tratado excluya que supuestos terroristas reclamados por un Estado miembro puedan obtener asilo político en otro país de la Unión Europea (UE). Se trata de evitar que se reproduzcan situaciones como la provocada por Bélgica, que en febrero aplazó la extradición a España de dos presuntos colaboradores de ETA, Raquel García y Luis Moreno.

Ese párrafo "está redactado tal y como nosotros queremos que figure", se felicitó el presidente en funciones, Felipe González, en la conferencia de prensa con la que concluyó su estancia en la capital piamontesa. Incluso "para el Gobierno belga supone un cierto alivio", añadió, porque "puede ayudarle a cambiar de actitud" brindándole una justificación ante su opinión pública y las fuerzas políticas flamencas reacias a la entrega de García y Moreno.

Ventajas para Canarias

El otro, pequeño motivo de satisfacción española, obtenido en colaboración con Francia y Portugal, es la mención en el mismo documento de la necesidad de "examinar un estatuto de las regiones ultraperiféricas" de la Unión constituidas por Canarias, Madeira, Azores, Martinica y Guadalupe. Esta mención dará pie a que el futuro tratado les conceda algunos privilegios para compensar su alejamiento del corazón de la UE. En Maastricht es un anexo que no es jurídicamente vinculante.El objetivo es que Canarias pueda seguir beneficiándose de la principal partida de los fondos estructurales de ayuda a las regiones más desfavorecidas, aunque deje de cumplir el criterio de tener una renta per cápita inferior en un 25% a la media comunitaria. Cuando el tráfico aéreo esté liberalizado, podrá solicitar además subvenciones a los vuelos interinsulares.