El PP ultima fórmulas para satisfacer las pirincipales exigencias de Jordi Pujol

El equipo de expertos del Partido Popular tiene avanzadas las fórmulas que esta semana pondrá sobre la mesa en la negociación con los nacionalistas catalanes de CiU a través de las comisiones de ambos partidos. Media docena de asuntos relacionados con financiación autonómica y las competencias de la Generalitat, además de la renuncia la guerra lingüística, representan el meollo de la negociación. Después de tres semanas e tanteos y gestos para superar tensiones y definir el marco del acuerdo, la comisión de a dirección del PP se reunirá esta semana con las de CIU, PNV y Coalición Canaria.

Los nacionalistas catalanes son los que en principio ofrecen una mayor dificultad para cerrar un acuerdo por su peso decisivo (16 diputados en el Congreso) y por la complejidad de las cuestiones que plantean. Los populares, con 156 escaños, a 20 de la mayoría absoluta, confían, no obstante, en encontrar soluciones. Sobre la corresponsabilidad fiscal, el PP excluye un acuerdo cerrado. Sus técnicos opinan que no es posible concretarlo hasta que el nuevo Gobierno tome posesión y conozca los datos económicos reales.Lo que sí tienen bastante definido los populares son los principios. El ciudadano haría una sola declaración de la renta, siguiendo el procedimiento de cálculo actual. Sólo al llegar al tipo del impuesto aplicable se desdoblaría en dos partes, una para la Administración centra¡ y otra para la autónoma.

La comunidad autónoma tendría capacidad para legislar sobre su tramo de forma que pueda subir o bajar la presión fiscal. En la actualidad, el impreso de declaración se limita a especificar que el 15% de lo recaudado va a la Administración autónoma en las comunidades que han aceptado recibir ese porcentaje.

La oferta del PP incluirá la participación de los Gobiernos autónomos en la gestión de la Agencia Tributaría y en los planes de inspección. Por esta vía, se abre la posibilidad también de que una mayor eficacia inspectora produzca rnayores ingresos que repercutan favorablemente en las arcas de, cada comunidad.Desfase en Cataluña

El PP está decidido a estudiar soluciones para otros dos conflictos económicos pendientes. La Generalitat reclama una revisión de la financiación de las competencias sanitarias. Los técnicos del partido de Aznar admiten que existe un desfase entre las 96.000 pesetas por persona que la Administración central entrega a Cataluña y las más de 100.000 pactadas con Canarias o Andalucía.

Aunque la diferencia por persona no parezca muy grande, el desfase para Cataluña supera los 30.000 millones de pesetas anuales. Los populares están abiertos también a un compromiso para que los planes de inversión del Estado no sitúen a Cataluña por debajo de la media de las comunidades autónomas.

La negativa oficiosa anterior del PP a aceptar una "policía integral" en Cataluña, por considerar que no tiene base en el Estatuto de autonomía, se ha transformado en la, voluntad de buscar una solución. El Estatut de Sau reserva a la Administración central el control del tráfico en las carreteras. La dirección del PP descarta la reforma del Estatuto, vía muy compleja porque implicaría un referéndum, y está dispuesta a acordar la delegación de la competencia por la vía de una ley orgánica prevista en la Constitución.

La aceptación de una "policía autónoma integral" en Cataluña en parecidas condiciones a la de Euskadi permitiría solucionar otro viejo contencioso con los nacionalistas y efectuar un reconocimiento práctico de la singularidad de estas dos comunidades. Se trataría, según la propuesta que presentará el PP a CiU, de transformar la figura del gobernador civil en subdelegado del Gobierno en ambas comunidades, al tener éstas transferidas competencias de orden público.

La idea se ha ido abriendo paso en las últimas semanas. Algunos dirigentes del partido opinan que no generará agravio para los restantes Gobiernos autónomos, puesto que ni han reclamado nunca competencias de orden público ni han defendido la desaparición de los gobernadores.

El PP acepta también estudiar la transferencia a la Generalitat del Instituto Nacional de Empleo (Inem), en principio desprovisto de su condición de gestor de las prestaciones económicas a los parados. Esta separación de funciones estaba prevista en el programa electoral.

El Inem quedaría como agencia de relación entre los desempleados y las empresas y gestor de la formación profesional ocupacional, mientras los pagos del seguro y el subsidio de desempleo pasarían a la Seguridad Social.

El último punto que los negociadores del PP tienen claro que deberán abordar, el final de la guerra lingüística, es políticamente el más doloroso, al menos para una parte del partido en Cataluña. Las declaraciones de Aznar asegurando que lee y habla a veces el catalán han sido interpretadas como un gesto, pero no son nuevas. La misma afirmación la había hecho mucho antes de las elecciones del 3-M y de necesitar el apoyo de CiU para gobernar. Lo que CiU quiere y el PP es ya consciente de que debe buscar fórmulas para garantizarlo, es que el PP renuncie a avivar el conflicto sobre la aplicación en las escuelas de las leyes de normalización del catalán.