Cerca de 200 'cerebros' repescados del extranjero, a las puertas del paro

Marta Álvarez, química de 30 años, se doctoró en 1991; tras estancias de posdoctorado en Nueva York y Estocolmo, volvió a España en 1994. Trabaja en el Instituto Roca Solano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero el contrato le vence dentro de un año. Begoña Arano, bióloga de 35 años, hizo la tesis doctoral en Alemania y Reino Unido, regresó a España con una beca en 1988. En 1992 tuvo el primer contrato en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, también del CSIC, pero en septiembre le dieron por terminado el contrato. Rafael Márquez, de 33 años, pasó, por la Universidad de Berkeley (California, EE UU) y la de Chicago. Regresó en 1990, y también consiguió en 1992 su primer contrato en el Museo de Ciencias Naturales. Como a Begoña Arano, en septiembre le despidieron. Una sentencia de finales de enero del Juzgado de lo Social número ocho de Madrid declaraba improcedente el despido de Arano y Márquez. Son tres casos, pero en situaciones similares se pueden encontrar cerca de 200, 20 de ellos inscritos ya en las listas del paro. Investigadores con sólidas preparaciones en el extranjero, que regresaron a España con el programa de reincorporación de 1992 destinado, a captar los cerebros formados fuera, uno de los programas estrella del Ministerio de Educación y Ciencia. Pero que, dada la temporalidad de los contratos -tres años-, se encuentran ahora, con edades de más de 30 años y currículos densos y ejemplares, a la puerta de la calle por problemas, según explican ellos mismos, de endogamia universitaria, falta de presupuesto y pobreza de la investigación en la empresa privada.Permitirse el lujo

Se llaman personal investigador contratado (PIG). Y su problema ha llegado incluso a las Cartas al director de las revistas Nature y Science. Cecilia Gotor, del Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, escribió en diciembre en Science: "España no puede permitirse el lujo de desperdiciar tiempo y dinero ya invertido en nuestra preparación, pero esto puede suceder porque" la mayoría de nosotros estamos considerando volver al extranjero". En junio del año pasado, Ángel Pestaña, representante de los investigadores en el consejo de Gobierno del CSIC, escribía en Nature: "A pesar de los esfuerzos públicos en España en la formación de nuestros científicos, poco se ha conseguido en ofrecerles una estabilidad. Desde 1990, la Administración central y las autónomas han invertido más de quinientos millones de dólares (62.500 millones de pesetas) en una media anual de 8.000 graduados y 2.000 posdoctorados". Pestaña y Gotor pedían, entre otras medidas, una extensión a cinco años de los contratos.

"El gran problema es que en los años ochenta hubo una inversión muy grande para modernizar la investigación en España pero, después, se cerró el grifo, y se corre el peligro de perder la inversión. Ha habido falta de previsión", dice Marta Álvarez. "La idea fue muy buena, pero al final todo se ha quedado en retórica", indica Elena Monasterio, de 37 años, farmacéutica con contratos temporales en el Jardín Botánico. Primero fueron captados con becas. Tras una serie de protestas, desde 1992 Educación y Ciencia transformó la fórmula becas por contratos temporales de unas 175.000 pesetas netas mensuales, en 14 pagas anuales. Desde finales de 1995, esos contraltos han, empezado a expirar en forma de goteo.

"Es una trampa. Hay un enorme atasco que han creado ellos. Han pagado a la gente para que regrese a España y ahora la inmensa mayoría no encuentra una salida", dice Rafael Márquez, especialista en bioacústica. "Sólo renuevan por otros tres años a un porcentaje mínimo, en torno al 10%", añade Elena Monasterio. "Y de las 50 plazas que pueden salir anualmente como personal fijo dentro del CSIC, un mínimo porcentaje procede de estos contratos temporales".

Los damnificados se lamentan de lo difícil que es el ingreso en las empresas privadas. Las que más contratan, las relacionadas con la industria química, piden que el Gobierno que salga de próximas elecciones decida dedicar a la investigación un porcentaje del PIB similar a la media de la UE (2%). "En España no llegamos al l%", apunta Begoña Arano, que trabaja, entre otros, en el proyecto de recuperación del Lagarto de El Hierro. "Y fórmulas fiscales para impulsar a las empresas privadas a que tengan auténticos departamentos de I + D (investigación y desarrollo), porque ahora muchos son simples tapaderas para desgravar", completa Marta Álvarez, que redondea: "Una inversión muy buena se va a quedar en un simple tirar dinero".