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Malestar por la condena al Insalud a pagar un trasplante en EE UU

Fuertes sospechas de que el riñón no fue donado, sino "comprado"

Los médicos están alarmados y los enfermos inquietos tras una sentencia, confirmada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga al Insalud a pagar más de 18 millones de pesetas por un trasplante de riñón en EE UU. La paciente se sometió allí a una extirpación de paratiroides que rechazó en España y, posteriormente, recibió un órgano bajo clara sospecha de haber sido "comprado", según el coordinador nacional de trasplantes, Rafael Matesanz.

La paciente, una madrileña de 47 años, llevaba sometida a diálisis desde 1976, y ante la tardanza en conseguir un órgano decidió acudir en 1990 al centro privado Hermann de Houston (Estados Unidos), donde en poco tiempo consiguió el trasplante. El "familiar" dispuesto a la donación que la paciente no había declarado tener en los 14 años de tratamiento de diálisis en la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, apareció de repente con nacionalidad mexicana en el hospital estadounidense, según consta en el informe médico con sus declaraciones a la vuelta.Teniendo en cuenta que la lista de espera en aquel país es de 27.500 enfermos, Matesanz se pregunta: "Si en estas condiciones llega a un centro norteamericano un enfermo renal español, árabe o de cualquier otro país, pone encima de la mesa una cantidad entre cinco y diez veces superior a lo que cuesta un trasplante en España, y recibe un riñón en dos meses, ¿cómo hay que llamarlo? ¿Se podría decir seriamente que no se ha comprado el riñón?".

El fundamento de la resolución judicial es la "urgencia vital" de la paciente, dado su deterioro físico. Se encontraba en hemodiálisis desde 1976 a la espera de un órgano de cadáver, dado que no tenía un donante familiar vivo (la legislación española limita la donación de vivos prácticamente a la familia, al prohibir cualquier tipo de transacción económica). Pero encontrar un órgano adecuado en este caso se complicaba, según Matesanz, por la baja compatibilidad inmunológica que presentaba la paciente, sometida a multitud de transfusiones a causa de su dolencia.

'Urgencia vital'

"Jamás en ninguna lista de trasplantes existe el concepto de 'turno', dado que el receptor se elige por similitud inmunológica", insiste Matesanz, quien rechaza tajantemente el argumento de "urgencia vital". "La única urgencia es la imposibilidad de seguir dializando por falta de accesos vasculares, situación cada día más extraña y que yo, personalmente, no he tenido ocasión de ver jamás".El coordinador nacional de trasplantes recuerda que en España, país líder mundial en la donación de órganos, hay todavía 4.000 enfermos en lista de espera para trasplante de riñón. El año pasado pudieron conseguirlo 1.797 enfermos. Pero, además, hay 15.000 pacientes en diálisis. "Casi la mitad de ellos deben saber que por diferentes causas nunca van a tener un trasplante", recalca.

"Esta sentencia es un mal precedente", repite. "Realmente, ¿qué mensaje se está mandando a todas las personas que están esperando un órgano, con la inquietud que conlleva siempre esta situación? ¿Que se vayan a comprarlo al precio que sea, ya que se lo pagamos entre todos?".

Jesús Girón, presidente de la asociación Riñón, estuvo once años atado a una máquina de diálisis. Hoy intenta que dé resultado un segundo trasplante. "Yo he estado esperando once años", dijo ayer, "y no por eso voy a recurrir al extranjero y que luego me lo paguen los demás. En ese contexto, la sentencia me parece injusta. No favorece a los enfermos y empaña la labor de cientos de hombres y mujeres de la Organización Nacional de Trasplantes". Sólo hace una matización: la duda de si ha habido otros enfermos trasplantados en igualdad de condiciones que esta paciente y ella se quedó fuera de tratamiento.

La sentencia, que ha sido recurrida por el Insalud, tiene otro aspecto más llamativo aún, y es la condena también a pagar una intervención en Estados Unidos a la misma paciente -una extirpación de las glándulas paratiroides-, aunque el propio juez reconoce que la enferma se negó a que le fuera practicada en España, tal y como le fue prescrito por sus médicos.

"Lo verdaderamente original de la sentencia española es que encima corra a cargo de la Seguridad Social", ironiza el coordinador nacional de trasplantes.

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