Londres se resiste al plan para penalizar las proclamas racistas

Como, casi siempre, catorce contra uno. El Reino Unido se opone a todos sus socios en el intento de aprobar hoy y mañana una "acción común" contra el racismo y la xenofobia. El proyecto pretende facilitar la cooperación judicial de los Quince, por la vía de castigar penalmente las proclamas racistas. Londres se escuda en sus garantías a la libertad de expresión. Pero ayer negociaba intensamente con la presidencia española una solución de compromiso. La comunidad judía europea se ha movilizado contra las tesis de John Major.

El plan, uno de los temas más interesantes desde el punto de vista ciudadano que discutirán los Quince, tiene dos padrinos: el canciller alemán, Helmut Kohl, interesado en sajar de raíz los fenómenos neonazis, y el ministro español de Justicia, Juan Alberto Belloch, quien como presidente del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE ha puesto letra a la música.La propuesta pretende facilitar la cooperación judicial internacional en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Se trata de castigar penalmente en todos los Estados miembros y de forma armonizada, aunque no idéntica, la incitación a la violencia, el odio racial y religioso, la apología de crímenes contra la humanidad, la negación de la existencia del holocausto perpetrado por los nazis, la difusión de imágenes o escritos con ideas racistas o xenófobas e ilegalizar las asociaciones que inciten a la discriminación por razón de raza o extranjería.

Londres se escuda en que su legislación guarda un "buen equilibrio entre la necesidad de prevenir el racismo y la libertad de expresión", como manifiesta el secretario del Foreign Office, Malcolm Rifkind. Los tribunales británicos son condescendientes con las acciones o declaraciones racistas, "si no se demuestra la intención dolosa" de discriminar. Y el Gobierno se resiste a modificar el ordenamiento jurídico interno por su alergia a "realizar cesiones de soberanía". Además, la legislación británica no incluye a la discriminación por razón de religión entre los supuestos que hacen perseguibles las conductas racistas.

Pese a ello, proseguían ayer intensamente las conversaciones entre la presidencia española y el Gobierno británico, para encontrar una fórmula satisfactoria para todos. Ambas partes examinaron un total de cuatro textos alternativos. Pese a que los desacuerdos persistían, la presidencia mostraba un cierto optimismo, que fundamentaba en que el Reino Unido no puede permitirse el aislamiento en un asunto que erosionaría su gran prestigio democrático. La prensa británica apostaba porque John Major daría su brazo a torcer.

Observatorio comunitario

Una Comisión Consultiva sobre estos asuntos, encabezada por el líder de la comunidad judía en Francia, la más numerosa de Europa, Jean Kahn, propone también a la cumbre la creación de un Observatorio comunitario sobre los fenómenos racistas.

La comunidad judía se ha movilizado en torno a este proyecto. Ha enviado a la presidencia algunos de los textos racistas más escandalosos que se publican en Londres.

Para muestra vale un botón, el juego de ordenador titulado Test ario. En él se plantean, entre otras, las siguientes preguntas y sus correspondientes respuestas posibles:

-"Los judíos son: 1) nuestra desgracia; 2) culpables de todo, 3) nosotros".

-"¿A qué partido vota: 1) el nazi, 2) el Partido del Pueblo Judío, 3) los Verdes".

- "Muerte a los judíos con... 1) Gas, 2) por etapas, 3) no matarlos, deben vivir".

Según las respuestas que dé, el jugador obtiene grados: ario, medio ario, mezcla o judío. Esto último es lo peor: el jugador pierde. Las casillas del macabro juego informático son gloriosas plazas como Auschwitz y Treblinka, sedes que fueron de campos de exterminio nazis.

Además de la criminalización del racismo, hay consenso general para promover acciones que mejoren la formación de las policías (ministerios del Interior), evitar las discriminaciones racistas en lo laboral (Asuntos Sociales) y fomentar la colaboración entre escuelas para el mismo objetivo (Educación).

Es una acción múltiple orquestada desde la Comisión y los Consejos sectoriales en el último trimestre de, la presidencia semestral. El plan se completaría declarando a 1997 como "Año europeo contra el racismo".

Londres ha bloqueado también todo avance en otro de los grandes retos judicial-policiales pendientes de la Unión: la puesta en marcha de Europol, el FBI de la UE. Se han barajado distintas fórmulas, como la de que fueran los Tribunales Supremos -y en el caso británico, la Cámara de los Lores- los que ostentasen la competencia para plantear recursos prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. Todo inútil. El Gobierno de Major se ha opuesto, argumentando los peligros que para la protección de datos supondría comunitarizar estas políticas. En el fondo, lo que pretende es minar la potencia del tribunal comunitario.