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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pronóstico reservado

SEGURAMENTE, EL juicio histórico sobre los casi 13 años de gobierno socialista será menos severo que el que se desprendería de este poco brillante final. Pero será difícil que el tiempo borre dos agujeros negros: el de la financiación irregular del PSOE y lo que, para simplificar, podemos llamar el caso Interior. Todo un caso, porque a lo que se sabe ya sobre la organización de la guerra sucia y los intentos posteriores de encubrimiento se une el abuso o directamente el fraude de los muy cuantiosos fondos reservados de que ese departamento dispuso.La imputación de un presunto delito de malversación al ex ministro Corcuera y a los antiguos altos cargos de su departamento Rafael Vera y Julián Sancristóbal da estado jurídico a lo que la opinión pública ya sabía a través de las revelaciones de Roldán y de algunos funcionarios sobre los sobresueldos y otras prácticas irregulares. José Luis Corcuera ha anunciado que recurrirá el auto. Sostiene que a él sólo se le acusa de haber comprado unos regalos destinados a las mujeres de algunos altos cargos que se merecían una atención de ese tipo por sus desvelos. Y argumenta que cuando hizo esa utilización de los fondos reservados no existía legislación sobre los mismos, excepto una vieja circular de la Intervención General del Estado que confiaba su manejo a la discrecionalidad del ministro.Corcuera deberá demostrar que el destino dado a los seis millones de pesetas gastados en regalos entre 1990 y 1992 encajaba de alguna manera en los fines, establecidos por el Parlamento para las partidas de fondos reservados correspondientes a esos años. Así lo exigía desde 1985 una resolución de la Dirección General de Presupuestos que atribuye al ministro la responsabilidad de acreditar que los fondos se dedican a los fines designados.

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Pero también lo exige el sentido común. Cuando las Cortes votan una partida de fondos reservados se entiende que lo son para dedicarlos a actividades cuyo conocimiento, público podría perjudicar la eficacia de la acción policial o la seguridad de personas que colaboran con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado. Y no para pagar cualquier gasto del que se piense que su conocimiento perjudicaría la imagen de quien lo decide. Secreto e indecencia no son necesariamente términos sinónimos.

Y si no hay motivo para dudar de la palabra de Corcuera cuando asegura que él no se llevó personalmente un duro de tales fondos, sobran indicios de que otros funcionarios a sus órdenes, y no sólo Roldán, sí lo hicieron. Hoy sabemos que fue en ese clima de impunidad y opacidad en el que germinaron prácticas corruptas como las que enriquecieron a Roldán u otras abierta mente irregulares -los jueces dirán si también delictivas- como los sobresueldos y gratificaciones, o esa es pecie de indemnizaciones anticipadas autoconcedidas con cargo a los fondos reservados por quienes los gestionaban. Por eso es inevitable que los jueces investiguen lo que hay dentro de ese agujero negro.

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