Los científicos discrepan sobre el derecho del Estado a fichar genéticamente a delincuentes

Los servicios científicos de la policía del Reino Unido pretenden elaborar cada año 135.000 fichas genéticas a partir de las muestras de ADN de presuntos delincuentes. De este modo, los cuerpos de seguridad británicos dispondrán en poco tiempo del archivo de huellas genéticas más grande del mundo, un proyecto que suscita dudas éticas en muchos países. En España o en Francia, por ejemplo, no se conservan datos de ADN de delincuentes. En EE UU se maneja con cautela esta información. "No se deben hacer archivos con sospechosos", opina Bruce Budowle, del FBI.

El laboratorio que dirige Peter Gill en la ciudad de Birmingham (Reino Unido) fue pionero en todo el mundo en la aplicación de los análisis genéticos a la investigación criminal. Gill, jefe del Servicio de Ciencia Forense británico, explica que, en su proyecto, las muestras de ADN se recogen incluso a los sospechosos de haber cometido delitos violentos. Sin embargo, elude los debates éticos sobre los peligros de que el Estado maneje esa clase de información, que puede incluir detalles muy precisos sobre la vida de los ciudadanos a los que se les ha extraído una muestra de ADN. "Yo soy un científico, no un político o un jurista", se excusa el investigador británico. ¿Y si ese tipo de datos cayesen en manos de un Estado totalitario, o simplemente de una compañía de seguros? "No existe ese riesgo", asegura Gill, "en mi país hay suficientes garantías legales para evitar que a través de esa vía se produzca una intromisión en la vida privada".Varios de los científicos asistentes al reciente congreso de genética forense celebrado en Santiago de Compostela insistieron también en que no hay razones para que los ciudadanos se inquieten por este tipo de prácticas. En su opinión, los forenses se limitan a analizar una parte minúscula del código genético, únicamente la que permite la identificación de un individuo a través de una muestra de sangre, un cabello o un trozo de uña, pero no la que contiene otras informaciones más íntimas y reservadas, como las enfermedades que potencialmente puede desarrollar una persona.

Intercambio de datos

Mientras en países como España o Francia no se permiten estas prácticas, el Reino Unido tiene ya archivados varios miles de huellas genéticas de personas que han cometido delitos violentos. "Ha habido algún retraso en nuestros planes por dificultades técnicas, pero muy pronto esperamos poder elaborar unas 135.000 fichas anuales", apunta Gill. "En alguna ocasión se ha hablado de la posibilidad de que los países de la Unión Europea se intercambien esta clase de datos, pero es una cuestión que no está avanzada y que compete a los Gobiernos, no a nosotros los científicos", añade Gill.En Estados Unidos, el FBI se muestra más cauteloso sobre la utilización de bases de datos genéticos. "No se deben hacer archivos con sospechosos", opina Bruce Budowle, jefe de la Academia de Investigación de Ciencias Forenses del FBI, cuya sede de Virgina se hizo popular al aparecer en algunas escenas de la famosa película El silencio de los corderos.

"Nosotros sólo manejamos datos de delincuentes ya condenados para comprobar el grado de reincidencia", señala Budowle. En su país, únicamente las policías de ocho Estados disponen de archivos con huellas de ADN, cuya información se transmite también a los ordenadores centrales del FBI, el cuerpo federal de seguridad. Hasta el momento, estos bancos de datos tan sólo han permitido resolver 30 casos en todo el país.

Budowle relativiza la importancia de los análisis genéticos; en la investigación criminal y, destaca que si las muestras no son recogidas con pulcritud su interpretación puede plantear dudas, como está ocurriendo, en el proceso contra el ex jugador de fútbol americano O. J. Simpson.

Margen de error

Según Budowle, a pesar de los avances en este campo de la biología no se deberían descuidar otros aspectos más tradicionales del trabajo policial para que los análisis de ADN no constituyan la única prueba en los procesos judiciales.El científico estadounidense, al igual que otros colegas suyos presentes en el congreso de Santiago, destaca los problemas que se plantean en el momento de comunicar a la justicia los resultados obtenidos en el laboratorio, ya que, cuando la identificación es positiva, existe un pequeñísimo margen de error.

Por ello, algunos investigadores como Peter Gill señalan que los jueces tendrían que pensar en la necesidad de mejorar sus conocimientos de biología para poder interpretar los análisis por sí mismos.