A vueItas con presupuesto

LA ELABORACIÓN de los presupuestos del Estado de 1996 tendrá rasgos singulares en la historia de nuestra joven democracia. El Gobierno ha de cumplir antes del 30 de septiembre su obligación de depositar en el Parlamento el proyecto de ley, pero no son pocos los elementos que condicionan su tramitación. La actitud de CiU en el último debate del Congreso no permite extender u circunstancial confianza en el presidente del Gobierno a otras decisiones políticas y, desde luego, al presupuesto. Será también singular el ejercicio presupuestario porque en su discusión concurren dos circunstancias de difícil conciliación: la exigencia de reconducir el desequilibrio de las finanzas públicas hacia una senda compatible con las condiciones establecidas en el Tratado de Maastricht y los intereses electorales de algunos partidos.El objetivo europeo, que exige situar el déficit en el 3% del PIB para el año 1997, inspira los planes del Gobierno, como confirmó el ministro de Economía en la entrevista publicada ayer por este periódico. Reducciones en el crecimiento real del gasto -a excepción del capítulo social- y ligeros aumentos de los ingresos -contando con algunas privatizaciones- son los ejes del presupuesto que diseña Hacienda para el próximo ejercicio.

Los planteamientos de los demás partidos polítícos son menos definidos, cuando no, como es el caso del PP, decididamente contrarios a cuanto haga el Gobierno. Es sorprendente que el principal partido de la oposición y probable ejecutor de ese presupuesto se limite a rechazar de plano cualquier ejercicio presupuestario tanto más cuanto más explícito debería ser su compromiso de garantizar ese objetivo del 3% al término de 1997. Conviene recordar que el último Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europa (UE) advirtió al Gobierno español de la estrecha vinculación existente entre la reducción del déficit y el mantenimiento de los fondos de cohesión.

Más comprensible, aunque se ajuste mal a las necesidades del país y de sus empresas, es la posición de los nacionalistas catalanes. Su actitud parece haber evolucionado desde una manifiesta tentacion divergente, que no consideraba necesario ajustar el déficit en el calendario, previsto hacia la reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social y, con menos vigor en los tramos más elevados del impuesto sobre la renta (IRPF). Más allá de las controvertidas estimaciones sobre el impacto de esa rebaja de las cargas sociales, sobre el empleo o cualquier otra variable de la actividad empresarial, el hecho es que la situación de la Seguridad. Social no permite hoy descensos significativos en sus ingresos sin menoscabo del propio equilibrio financiero del Estado. Su compensación con aumentos en la tarifa del impuesto de sociedades -propuesta por CiU y PP- exigiría simultáneamente reducir deducciones en ese mismo impuesto, porque de lo contrario no cuadran las cuentas.

Los últimos datos conocidos sobre la situación de la economía -aumento de los beneficios empresariales y de la inversión, reducción del desempleo...- certifican un ritmo de crecimiento flavorable, que podría mantenerse el próximo año si no se endurecen las condiciones financieras. Ello exige el saneamiento de las finanzas públicas. Las propuestas que hagan en este campo los partidos permitirán valorar su seriedad y honestidad, al margen de las coyunturas electorales que se avecinan. En definitiva, su capacidad para hacer compatible la legítima pugna política con la madurez para conducir la economía española por una senda que favorezca el crecimiento de la inversión y el empleo. Eso significa hoy acciones concretas e inmediatas -y, por supuesto, posibles- para reducir el déficit y la deuda pública en este país.