El debate sobre los militares chilenos

Minutos después de ser condenado a siete años de presidio por asesinato, el general retirado Manuel Contreras reprochó acobardamiento a los jueces, negó la existencia de justicia en Chile y aún desafía al Gobierno y a la magistratura desde su hacienda sureña. Reclama derechos en democracia y rechaza el "cúmplase" un reo valentón y de pensamiento romo, que siendo director de la academia Tejas Verdes tras el golpe de 1973, y por ende juez militar, rehusó concederlos y asistió a consejos de guerra donde, de golpe, se sentenció a muerte a 80 personas sin consideración moral o jurídica. Abrazados al rebelde de Fresia, convocando a su paso, marchan vociferantes los rescoldos de la prehistoria nacional, que denuncian parcialidad en el fallo o citan como elemento atenuante de la barbarie, o incluso exculpatorio. "el contexto" en que ésta se produjo.

La condena a siete años de prisión a Contreras, responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura, excitó las conciencias y el debate sobre las consecuencias del levantamiento castrense de hace 22 años contra el Gobierno de Salvador Allende. Los muchos años transcurridos, el encaje de bolillos de los sectores comprometidos en la transición, las penalidades de la coalición gubernamental para no enconar los ánimos y el exquisito trato dispensado al rey de espadas, constituyen prueba cabal de las dificultades registradas en Chile para administrar justicia. A juzgar por el movimiento de estandartes observado en algunos campamentos, tratar de ampliar su alcance parece, de momento, descabellado.

En sus declaraciones televisivas del pasado domingo, el jefe del Ejército, Augusto Pinochet, aconsejaba mirar al frente advirtiendo que si las Fuerzas Armadas hubieran mirado hacia atrás "habríamos hecho el gran juicio de la historia en 1973". En modo alguno la Corte Suprema efectuó una retrospectiva de la dictadura en su conjunto, una revisión de todos los atropellos cometidos durante su establecimiento. Amenazados de muerte, los magistrados analizaron únicamente lo ocurrido el 21 de septiembre de 1976, hacia las nueve de la mañana en Washington, hora en que una bomba reventaba a Orlando Letelier, ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa con Allende y activo opositor en un exilio compartido por otros 700.000 compatriotas.

Pese a las intimidatorias imputaciones de aquellos generales retirados que habitualmente traducen el ánimo de los regimientos, calificando el fallo como un arriesgado rejonazo a la institución armada, la trascendental sentencia de la Cuarta Sala se ajustó estrictamente a derecho y condenó en consecuencia porque las evidencias contra Contreras y el brigadier Pedro Espinosa eran tan abrumadoras como inverosímiles las versiones de los delincuentes negándolas.

Diferente es que la inapelable resolución del Supremo fuera celebrada por la mayoría de los chilenos como un triunfo político importante al registrarse en una democracia con escolta atenta, gruñona o amenazante cuando alguien se aventura en la revisión de los méritos revolucionarios castrenses. Sin ruido, para no molestar a los cruzados del 73, pendiente todavía el encarcelamiento del cimarrón "don Manuel", el grueso de la sociedad festejó el final de la prolonga da impunidad, amparada por una ley de amnistía que excluyó el caso Letelier porque Estados Unidos amenazó en serio.

El diputado de la Democracia Cristiana Andrés Aylwin, al igual que la decencia, se preocupan cuando escuchan invocar la profunda, y cierta, crisis política y económica del Gobierno de Salvador Allende las vísperas del advenimiento redentor, los fracasos y sectarismos de entonces o el auge de la "ralea marxista" como razones limitantes de las torturas, desapariciones o asesinatos cometidos en los primeros años del rescate patrio. "Eso sólo sirve para el análisis político, pero la teoría de los derechos humanos debe usarse, sobre todo, en períodos de conflicto. Cuando una persona cae prisionera, pasa a ser un ser humano sagrado, indefenso, rendido".

Sin abundar en los crímenes cometidos por la policía secreta de Contreras (1973-1978) sin otro juicio que el de los verdugos, el comportamiento de la judicatura uniformada con los opositores en el banquillo, la sustitución de la defensa civil por un alférez o un teniente de oficio cuando los alegatos irritaban al tribunal, fueron vejatorios, y, comparativamente, su evocación indigna, aun salvando las distancias y el "contexto". Las garantías procesales disfrutadas por el general retirado y el brigadier Pedro Espinoza han sido totales en la jurisdicción civil del caso, y tramposas en su favor en la castrense cuando el expediente dormía el sueño de los justos en la fase de sumario, teóricamente secreta. El abogado Alfredo Etcheberry, autor de un libro de derecho penal citado por la Corte Suprema, recuerda la complicidad de la potestad militar con Contreras, Mamo para los amigos, cuando en 1978 se recibió la solicitud de extradición de EE UU. El fiscal le envió el texto completo de las declaraciones del norteamericano Michael Townley, ex agente de la DINA, testigo clave como autor material del asesinato de Letelier. Acompañaba el documento una tarjeta de visita con el puño y letra del togado "Mamo, ahí va parte de los pedido".