Argentina mantiene en estado de alerta a sus buques patrulleros
La llamada "hipótesis de conflicto" en el Atlántico Sur, que el Ministerio de Defensa del Gobierno argentino mantenía bajo análisis para impedir la captura del calamar y otras especies de su jurisdicción marítima, dejó de ser tal para convertirse ya en un "conflicto", admitió el ministro Óscar Camillón. Con la declaración del ministro, el Gobierno ha tomado como propio el reclamo del almirante Enrique Molina Pico, comandante en jefe de la Armada, quien aseguró a su vez que los buques patrulleros y los aviones de exploración permanecen en "estado de alerta" para combatir lo que él mismo consideró "actos de piratería y depredación" por parte de barcos pesqueros con banderas de diversos países.El pulso entre el Gobierno y la Armada se hizo público la pasada semana cuando el jefe de la Marina argentina aprovechó el acto en el que se celebra el día de ese ejército para advertir sobre las "restricciones presupuestarias" que impiden una efectiva protección de los recursos pesqueros, en los que se estima una pérdida de 750 millones de dólares al año (unos 93.750 millones de pesetas).
Según el jefe de la Armada argentina, "un 10% de los 200 pesqueros que operan habitualmente en la zona está constituido por naves marginales que pescan en el límite de la zona económica exclusiva y se internan en ella cuando persiguen al calamar". Para Molina Pico, la actividad de esos barcos "lesiona" gravemente los intereses argentinos y la actitud depredadora se advierte cuando se empeñan en capturar lo que se llama "el stock desovante". El canciller argentino Guido di Tella reconoció también "el conflicto diplomático" y aseguró que toda la acción y el debate se va a desarrollar dentro de dos meses en Nueva York.
Argentina integra, junto con Canadá, EE UU, China, Nueva Zelanda, Australia y Rusia, el grupo de países que reclaman la firma de un acuerdo para permitir a los estados ribereños controlar a los barcos pesqueros 50 millas más allá de las 200 que les corresponden. Sólo de ese modo, estima el canciller Di Tella, sería posible evitar que entren y salgan de la zona económica. España, junto con Japón, Taiwán y Corea del Sur se encuentra entre los países que se oponen a lo que consideran una virtual extensión de la frontera marítima de 200 a 250 millas.
