Técnicos catalanes y salmantinos debaten sin acuerdo sobre el archivo

No va a ser fácil hallar un consenso técnico para el conflicto sobre los fondos del Archivo Histórico Nacional de Salamanca intervenidos a la Generalitat de Cataluña tras la guerra civil. Esa es la conclusión que puede extraerse de la mesa redonda que se celebró ayer en Lleida en el marco de las V Jornadas de Archivística de Cataluña. Hubo propuestas. Lo que no se produjo fue una coincidencia en las mismas por parte de quienes intervinieron en el debate. La ministra de Cultura, Carmen Alborch, insistió ayer en Barcelona sobre el retomo de los documentos.

Asistieron al debate el actual director del Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Miguel Ángel Jaramillo, y el ex director Antonio González por parte salmantina; en defensa de las tesis catalanas intervinieron el archivero Antoni Mayans, que ha estado trabajando durante dos años en el Archivo de Salamanca por encargo de la Generalitat, y el jefe de la Sección de Archivos del Departamento de Cultura, Francesc Oliver. Antonio Elorza y Borja de Riquer participaron como historiadores usuarios del archivo, uno defendiendo la permanencia de los fondos en Salamanca y el otro, la devolución a Cataluña de los que reclama la Generalitat.Mayans informó sobre la procedencia de los 507 legajos que se reclaman desde Cataluña y describió la variedad de contenidos de los fondos, entre los que se encuentran documentos del siglo pasado y otros que no tienen nada que ver con la guerra civil. Jaramillo y González defendieron la tesis de que el Archivo de Salamanca es el único completo que existe en España sobre la represión franquista. "Su valor es este, por más indeseable que sea para todo demócrata: mantener la memoria de la represión sistemática del franquismo que se documentó a partir de estos materiales".

Borja de Riquer fue el más contundente al afirmar que el Archivo de Salamanca "es totalmente absurdo" en su estado actual. Ni está toda la documentación de la guerra, ni tiene una cronología coherente, ni una procedencia territorial lógica. Fue también el más claro al ofrecer soluciones: devolver los fondos a sus legítimos propietarios que los reclamen (citó además de la Generalitat al Gobierno vasco y al PSOE, mucha de cuya documentación histórica se encuentra "absurdamente" en Salamanca) y quedarse con copias en CDROM.

González no aceptó esta tesis. Dijo que aunque lleve este nombre -sección guerra civil- eso no es más que un eufemismo que se impuso durante la transición, y siguió defendiendo el valor de los fondos por ser un testimonio de la represión.

Antonio Elorza, que en un principio se mostró partidario de mantener el Archivo de Salamanca como un "museo del horror" ("a mí me da hasta asco, pero es como un Mathaussen;, la ficha de mi padre, republicano vasco, está allí y allí quiero yo que siga junto a la de los demás represaliados", dijo), acabó aceptando que todo lo que tiene un interés no relacionado con la represión franquista sea devuelto a sus legítimos propietarios.