La Junta de Andalucía amenaza con boicotear los productos galos

La indignación se extendió ayer entre el sector fresero de Huelva tras el ataque de los agricultores franceses. La Junta de Andalucía, al igual que los productores, reaccionó con contundencia, y su presidente, Manuel Chaves afirmó: "No tendremos más remedio que pedir el boicoteo a los productos franceses si hay nuevos incidentes". José Guillermo González, presidente de Freshuelva -la asociación que agrupa al 90% de los productores y exportadores españoles- fue más lejos y formuló un llamamiento público a los ciudadanos "de Huelva, de Andalucía y de España para que dejen de consumir productos franceses hasta que todo se normalice".Un portavoz de la embajada de Francia en España afirmó que "el boicot contra los productos franceses en Andalucía no es la mejor forma de para solucionar este asunto, máxime cuando hay numerosas empresas francesas con intereses en esta zona". El ministro galo de Agricultura, Jean Puez, condenó la agresión.

Huelva copa el 92% de las 230.000 toneladas de fresa que se produce en España (el 8% provienen de la comarca madrileña de Aranjuez). Del total, se exporta el 74% y el principal cliente es Francia, con más de la tercera parte. La facturación prevista este año es de 40.000 millones.

Los portavoces de Freshuelva descartaron que el problema resida en incompetencia de la policía gala: "El asunto es político. Se trata de que alguien con autoridad diga a los gendarmes que actúen y no permanezcan inmóviles, como hasta ahora, observando a los bárbaros destrozar la fresa española".

El ataque provocó en Huelva una oleada de protestas de grupos políticos y sindicales. UGT convocó una asamblea de trabajadores de la tierra en Isla Cristina. El PP exigió que "el Gobierno andaluz ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y venta en territorio francés de la, fresa de Huelva".

Las organizaciones agrarias -tanto ASAJA como COAG- acusaron de debilidad al Gobierno español y amenzaron con tomarse la justicia por su mano. La Confederación de Cooperativas Agrarias de España, que agrupa a unas 4.000 entidades de este tipo, exigió al Gobierno la adopción de medidas contundentes para evitar que se repitan estas situaciones.