Financiar la sanidad al margen de la Seguridad Social exigirá elevar impuestos o recortar gastos
La financiación de la sanidad al margen de la Seguridad Social exigirá elevar los impuestos indirectos o recortar otros gastos. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hizo ayer la advertencia a los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Seguridad Social, durante su comparecencia en el Congreso. "Hay que ser coherentes", dijo, "y si lo que se quiere es que las cotizaciones sociales no financien las prestaciones sanitarias se debe plantear una subida de impuestos o decir qué gastos se deben reducir".El ministro anunció, por otra parte, que el Instituto Nacional de Estadística "está trabajando en la reconsideración de la metodología de la Encuesta de Población Activa (EPA)". El problema, como ya señaló el ministro de Trabajo, es que la EPA "mide bien la población activa pero infravalora los ocupados", según Solbes. El Instituto de Estudios Fiscales hará público mañana un informe según el cual las estadísticas. del impuesto sobre la renta reflejan que hay más de un millón de personas ocupadas de las que recoge la EPA.
Solbes explicó también algunas de las medidas de lucha contra el fraude fiscal que prepara su departamento. Además de la reforma del delito fiscal, la nueva Ley General Tributaria y las medidas, previstas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1995, Solbes anunció que las sociedades transparentes tributarán en el impuesto de sociedades.
Habrá también medidas para el control de no residentes titulares de bienes inmuebles situados en España. La Agencia Tributaria publicará también próximamente una carta de derechos de los contribuyentes, que no llega a ser el estatuto que pide el PP. Se trata de un manual con información detallada sobre los distintos trámites ante Hacienda o los derechos que se tienen, por ejemplo, en una inspección.
El ministro informó que el déficit público en los once primeros meses del año se redujo en un 3,8% y que Hacienda tiene previsto reclamar hasta 95.000 millones de pesetas a las entidades financieras que, como La Caixa, comercializaron las denominadas primas únicas. Solbes desmintió que el Gobierno tuviera pensado dar marcha atrás en la subida del IVA prevista para 1995.
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