No nos engañemos

Desde el punto de vista de la atención a jubilados y retirados, una sociedad se divide en dos grandes sectores: quienes producen y quienes ejercen su derecho de vivir de lo producido por otros. Los activos sostienen a niños y jóvenes durante su formación y mantienen y desarrollan la economía que paga pensiones a los retirados. Pero pueden hacerlo con ayuda de lo que los jubilados ahorraron e invirtieron, o a palo seco, por puro reparto.Un sistema de pensiones basado en el reparto puro es muy desfavorable para el desarrollo de un país. A medida que los retirados o a punto de retirarse tienen más peso electoral, se destina a pensiones una porción mayor del producto nacional. Durante su vida activa, los individuos reducen su ahorro e inversión personal, pues decae su preocupación por el futuro. Consecuencia de ambos defectos es el creciente peso sobre la Hacienda pública consolidada de las pensiones, lo que supondrá un desincentivo para producir.

Un sistema de reparto sobre base actuarial, es decir, con alguna relación entre lo contribuido por cada pensionista durante su vida activa y lo que se le reparte cuando deja de trabajar, resulta algo menos destructivo del crecimiento económico. Los individuos en activo tienen razones para producir y contribuir más. Además, permite hacer más flexible la edad del retiro, puesto. que quien quiera seguir trabajando hasta haber agotado, como lo hiciera Cajal, sus primeros 80 años de vida, acumulará en principio derechos más abundantes para sus últimos días, aunque nadie haya invertido sus cotizaciones.

Un sistema de acumulación de capital, que puede ser `en parte obligatorio, es el más favorable para la prosperidad económica. El crecimiento económico se ve fomentado por inversiones privadas, que refuerzan además los mercados financieros y multiplican los capitales a disposición de las empresas privadas. Los retirados cobran una pensión porque ahorraron e invirtieron acertadamente. Durante su vida activa les es mucho más fácil trasladarse de trabajo con sus derechos de propiedad al hombro. No hay razón para prohibir que quienes perciben una pensión, que es el rédito de lo que han acumulado, continúen trabajando a tiempo parcial si quieren.

El envejecimiento de la población es, creo yo, un falso problema. Basta con retrasar la edad de retiro y jubilación para comenzar a resolver el problema. En cualquier caso, ese retraso forzado de la jubilación no es sino un reconocimiento de que la productividad del país en tiempos pasados no ha sido lo suficientemente alta para que nos permitamos el lujo de holgar más. En un sistema de capitalización, la corrección de los efectos de la baja productividad pasada, sumada al alargamiento de la vida y la reducción de los nacimientos, es automática: los propios individuos tomarán la decisión de seguir trabajando si creen que no han acumulado lo suficiente.

El problema está en que, si repentinamente un grupo de trabajadores activos comienza a poder ahorrar para su futuro en vez de sufragar las pensiones de los jubilados, éstos sufrirán merma en sus pensiones, o todos habremos de pagar más impuestos, o habrá de endeudarse el Estado. En España ahora buscamos todos un modo de realizar el cambio paulatinamente y sin que nadie se dé mucha cuenta. Pretendemos aumentar la cuantía de las pensiones no contributivas hasta ponerlas al nivel del salarlo mínimo para acallar protestas políticas. Las pensiones de la Seguridad Social van teniendo una relación cada vez más tenue con lo que contribuimos durante nuestra vida de trabajo. Prohibimos cobrar más de una pensión, alargamos el número de años que dan derecho a percibirlas, la fijamos en relación con los ingresos medios de periodos cada vez más extensos, y por tanto más reducidos. Esta marcha hacia la pensión única e igual, financiada con impuestos, quiere compensarse con un papel algo mayor del sistema de acumulación.

Aquí viene la pelea. El Gobierno socialista ha decidido obligar a las empresas que tengan un compromiso de pensiones establecido por convenio, a que lo transformen en un plan de capitalización fuera de su balance, en una gestora independiente, en el curso brevísimo de tres años. Aunque ese mismo Gobierno va a permitir que los derechos acumulados por los empleados se les reconozcan sin carga fiscal, está haciendo de modo que los comités de gestión de los fondos de pensiones queden en manos de los sindicatos, lo que disgusta a las empresas y sus gestores. Quedan excluidos de la obligación de sacar del balance su! obligaciones de pensiones los bancos, cajas y casas de seguros, que además van a gestionar los fondos de las demás compañías, lo que tiene satisfechos a unas pocas y disgustadas a las más. Todo ello es confuso, contradictorio y, posiblemente, inoperante.

El origen del mal es que en la vida. pública española pocos quieren hablar con claridad de las pensiones. El sistema que tenemos en España exige un alargamiento de la vida de trabajo. Tampoco va a ser posible reducir mucho las cotizaciones a la Seguridad Social, si no es compensándolas con impuestos aún más gravosos. Los fondos de pensiones de empresa van a seguir llevando una vida mortecina y no van a completar debidamente unas pensiones no contributivas cada vez más igualitarias y desincentivadoras. Y ahora digo ¿no vale la pena que examinemos seriamente cómo abandonar del todo las pensiones de reparto (manteniendo las no contributivas, claro) y financiar entre todos el salto hacia un sistema de capitalización a la chilena?