Tres cuestiones sustanciales

La sociedad española se ha pronunciado desde hace tiempo y de forma explícita por la provisión de pensiones de jubilación a través de un sistema obligatorio y público de ahorro para la vejez, y en mi opinión hay buenas razones para ello. La gente podría ahorrar voluntariamente durante su vida activa, y algunas personas así lo hacen. Pero hay otras muchas que no lo hacen y que, en una sociedad en la que la unidad familiar está perdiendo entidad, llegarían a su vejez sin medios materiales para subsistir. Dada esta circunstancia, obligar a la gente a ahorrar para su vejez no debería ofender a nadie, ni siquiera a los más egoístas: o se obliga al ahorro durante la vida activa o la sociedad se verá inevitablemente enfrentada a un problema de mantenimiento de la población retirada de dimensiones muy vastas.Esto no implica que la provisión deba correr a cargo del Estado. Podría obligarse a la gente a suscribir un seguro privado de retiro. Pero un sistema privado debería estar capitalizado, lo cual hubiera impedido el disfrute inmediato de pensiones cuando la Seguridad Social se implantó. La provisión pública, en cambio, posibilitó la financiación por el mecanismo de reparto y, por tanto, la aplicación inmediata del sistema. Otras ventajas no despreciables son la mayor capacidad del sistema público para garantizar el valor de las pensiones frente a los efectos de la inflación y de los vaivenes bursátiles y para transferir a la población retirada parte de los aumentos de productividad experimentados por la economía.

Estas consideraciones son pertinentes, porque entender las pensiones de la Seguridad Social como un seguro público y obligatorio ayuda a identificar las cuestiones que importan y a tomar posición ante las mismas.

1. ¿Cómo deberían financiarse las pensiones? A través de cotizaciones sobre los salarios, porque en un sistema público ésta es la forma más adecuada para preservar la conexión que en todo mecanismo de ahorro debería existir entre lo que cada individuo contribuye y lo que luego obtiene como prestación. Los impuestos deben financiar gastos en los que esta conexión no existe. Por ejemplo, dentro de este campo, las pensiones no contributivas y los complementos de mínimos, que son políticas redistributivas de renta, o los incentivos a la suscripción de pensiones privadas, que es una política de fomento del ahorro. La financiación a través de cotizaciones es la forma en que el sistema fue inicialmente concebido y la que motivó su. amplia aceptación por parte del público. A la gente no se le pide una determinada proporción de su salario con carácter no finalista, sino como contrapartida para el cobro de una pensión durante el retiro. Una pensión contributiva debe ser vista como un derecho financieramente adquirido, no como una gracia del Estado.

2. ¿Qué nivel deberían alcanzar las cotizaciones? El necesario para financiar las prestaciones contributivas correspondientes. El sistema, como sistema de aseguramiento que es, debe estar financieramente equilibrado. No año a año, para evitar oscilaciones innecesarias en pensiones o cotizaciones, pero sí a lo largo del ciclo, lo cual implica una contabilidad separada de otros gastos e ingresos públicos y el otorgamiento de capacidad para acumular superávit en periodos de auge económico que puedan financiar déficits en tiempos de declive. En el pasado, las cotizaciones han recaudado recursos bastante por encima de los necesarios para financiar las pensiones contributivas. Hoy, el exceso es menor (unos dos puntos); de ahí la importancia de prever con rigor las tendencias económicas y demográficas de medio y largo plazo sobre las que sustentan los gastos e ingresos del sistema. Si la economía crece de forma razonable, y no hay razón para esperar otra cosa, el equilibrio debería poder mantenerse sin dificultad.

Otro punto que también parece preocupar es el efecto del nivel de las cotizaciones sobre el coste laboral. Las cotizaciones pueden tener efectos negativos sobre el coste del empleo con salarios bajos, y esta circunstancia aconseja ser cauteloso en la determinación de la estructura de éstas. Ahora bien, en general, el criterio dominante para su fijación debe ser el equilibrio del sistema. Una cosa es bajar las cotizaciones cuando ello no pone en peligro el equilibrio a medio plazo del sistema y otra muy distinta (y desaconsejable) desequilibrar el sistema para conseguir una reducción del coste laboral. Las ineficiencias que las cotizaciones imponen sobre el empleo pueden estar siendo exageracias. A medida que se vaya consiguiendo una mayor paridad entre lo cotizado y lo obtenido como pensión, y a medida que el empleado acepte el interés que para él tiene este acto obligatorio de ahorro, el sistema público de pensiones no debería generar ninguna ineficiencia sobre el empleo, como no la genera el acto voluntario de proveer recursos para un fondo de pensiones privado. De ahí la importancia de la tercera y última cuestión.

3. ¿Qué relación debería existir entre cotizaciones y pensiones? Desde un punto de vista actuarial, la más estrecha posible. Aumentar el carácter asegurador del sistema de pensiones públicas y con ello la eficiencia, credibilidad y aceptación del mismo, quiere decir acentuar la relación entre lo cotizado y la prestación obtenida. Hoy en nuestro sistema esta relación puede ser mejorada significativamente.

Acentuar esta relación no implica poner en cuestión el mecanismo de reparto. Es evidente que, dada una garantía mínima de estabilidad en las pensiones comprometidas, el sistema de reparto traslada al Estado un riesgo que en el sistema de capitalización asumen los particulares. Pero este es un riesgo: en primer lugar, probablemente menor si el sistema está bien diseñado, que otros muchos que asume el Estado; en segundo lugar, que vale la pena tomar dados sus efectos sociales; y en tercer lugar, que el mercado parece no cubrir de forma generalizada.

Tampoco implica dificultar la existencia de las pensiones privadas. Estas deben entenderse como complementarias, no en el sentido de subsanar deficiencias de nivel de las públicas (que no deberían tenerlas), sino en el de proveer posibilidades fiscalmente incentivadas para quienes, por preferencia y capacidad, deseen un aseguramiento adicional al proporcionado por el Estado.

Reducir el complejo problema de las pensiones a sólo tres cuestiones puede parecer una simplificación excesiva a muchos lectores. Les aseguro que en ellas se encuentra lo sustancial para identificar los problemas relevantes, para sugerir las soluciones adecuadas y para convencerse de que el sistema sigue teniendo sentido.