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El Senado aprueba la ley de mecenazgo con la abstención del PP

El texto incluye el arte contemporáneo y las academias de la lengua

Rocío García

La inclusión de desgravaciones fiscales por donación de obras de arte contemporáneo y la ampliación al Instituto de España, la Real Academia Española e instituciones análogas en las autonomías entre las entidades susceptibles de recibir donaciones de bienes son las dos aportaciones más importantes realizadas en la ley de mecenazgo a lo largo de su tramitación en el Senado, que terminó ayer con su aprobación por el Pleno.

Sólo el Partido Popular se abstuvo en la votación, que contó con dos votos en contra -producto de la confusión de sendos senadores, según fuentes del grupo parlamentario socialista- y 134 a favor."La inclusión del arte contemporáneo no sólo es importante como apoyo a los galeristas y a los artistas, sino también como reconocimiento de la trascendencia del arte", dijo una muy satisfecha ministra de Cultura, Carmen Alborch, al finalizar el debate en el Senado. Por su parte, el portavoz de Cultura de la Cámara Alta, Juan Iglesias, puso el acento en la aproximación de "posiciones a lo largo de un proceso en el que ha sido necesario coordinar las competencias de los distintos ministerios y de las comunidades autónomas".

El senador del Partido Popular Roberto Soravilla explicó la abstención de su grupo por la falta de consenso, aunque reconoció los avances de la ley con respecto a la situación anterior. Para los populares, el texto sigue adoleciendo de un espíritu de excesivo intervencionismo estatal y de desconfianza socialista ante la sociedad. "El Estado está por encima de la sociedad y lo que se hace es patrimonializar lo primero y paternalizar lo segundo", dijo Soravilla.

Justificar la intervención

Estas acusaciones fueron contestadas por el socialista Iglesias con estas palabras: "Donde usted ve la intervención de los poderes públicos, yo veo la protección de un derecho; la dimensión colectiva y comunitaria es uno de los pilares de las fundaciones y- es ahí donde se justifica la intervención de los poderes públicos".

El único trámite parlamentario que le queda a la ley de mecenazgo, es la convalidación por el Pleno del Congreso de los cambios introducidos en el Senado. Tras su aprobación definitiva, será la primera vez que en España se regule la figura del mecenazgo, que en otros países de Europa, y sobre todo en los anglosajones, goza de una larga tradición.

El texto aprobado ayer dota, por una parte, de marco jurídico moderno a las cerca de 6.000 fundaciones existentes en España y que hasta ahora se han regido por la ley de Beneficiencia de 1849, y por otra, incentiva con beneficios fiscales la participación privada en actividades de interés general.

La nueva regulación fiscal de estas entidades, incluida en el título segundo de la ley, establece como primera premisa la obligación de destinar al menos el 70% de los ingresos a los fines específicos de la fundación. Si cumplen toda la serie de requisitos que marca la ley, las fundaciones tributarán por el Impuesto sobre Sociedades, aunque gozarán de exención por los ingresos obtenidos por sus propias actividades, así como en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Además, las personas físicas y las empresas que efectúen donativos a entidades con fines no lucrativos gozarán de deducciones de hasta el 201/10 de la cuota impositiva en el IRPF o el Impuesto de Sociedades.

La ley de Fundaciones y de' Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General aglutinó dos anteriores proyectos -el de fundaciones y mecenazgo- presentados en la anterior legislatura y aparcados tras la disolución de las Cortes. Tras las elecciones legislativas de junio de 1993, el Gobierno decidió elaborar un texto conjunto coordinado por el Ministerio de la Presidencia, en colaboración con otros siete departamentos ministeriales: Asuntos Sociales, Justicia, Cultura, Economía y Hacienda, Educación, Trabajo e Interior.

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