Curso económico

LA RECUPERACIÓN de la economía parece ser lo mejor del equipaje con el que el Gobierno aborda el curso político. Una bonanza exportadora de duración e intensidad inesperadas y unos ingresos por turismo sin precedentes han sido los principales responsables del definitivo abandono de la recesión, y seguirán contribuyendo, aunque en mucha menor medida, a que el próximo año registre una tasa de crecimiento superior a la de éste. Pero la constatación de ese mayor dinamismo de la actividad económica no impide reconocer su vulnerabilidad y, en todo caso, sus limitados efectos a corto plazo sobre la mejora de las condiciones de vida de la población. Ni el ritmo al que la economía está creciendo o pueda hacerlo en los próximos años, ni el nivel en que están situados la inflación y el déficit público permiten garantizar que la economía española dispone de las condiciones óptimas para aprovechar, en términos de un significativo crecimiento del empleo, este mejor clima económico que hoy existe en toda Europa.La elaboración de los próximos presupuestos y la materialización de esa manifestada intención de dialogar con sindicatos y empresarios son las dos principales tareas en el ámbito de la política económica que se ha propuesto el Ejecutivo. Su concreción puede contribuir a reducir la incertidumbre todavía hoy existente, facilitando la adopción de las decisiones de consumo e inversión privada que son necesarias para consolidar la recuperación.

En apenas tres semanas, el Gobierno y CiU deberán resolver algunas de sus principales diferencias en los próximos presupuestos. Bajo el enunciado de incentivos fiscales a la economía productiva se agrupan reivindicaciones de siempre de los empresarios. En la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social parece existir ya un acuerdo. Es una apuesta arriesgada. Si el ahorro de costes para las empresas por este concepto se traduce en mejoras de la competitividad -medibles en calidad y precios de los productos- y no directamente en mayores márgenes de beneficio es algo por verificar; también está por ver que esas ganancias en competitividad tengan una traducción clara en términos de generación de empleo.

La apuesta es importante porque la contrapartida de esos hipotéticos efectos sobre el empleo sería una merma en los ingresos de la Seguridad Social, cuya compensación recaerá de forma más o menos generalizada sobre el aumento de la imposición de los consumidores. Se ha estimado que por cada punto de reducción de esas cotizaciones empresariales los ingresos de la Seguridad Social caerían en unos 200.000 millones de pesetas. Su compensación a través de un aumento de los impuestos especiales sobre los derivados del petróleo es probablemente la menos mala de las alternativas que se han manejado, pero puede generar efectos adversos que hay que prever. La gradualidad en su aplicación es, en todo caso, tan necesaria como la permanente atención al equilibrio financiero de la Seguridad Social.

En cualquier caso, los datos ahora conocidos sobre la magnitud del fraude fiscal -más de tres billones- obligan a que la corrección de ese escándalo sea la primera medida de saneamiento de nuestras finanzas públicas. Ello debería ser objeto de un plan consensuado en el Parlamento. Las críticas del PP a la política fiscal del Gobierno perderían toda credibilidad si no incluyen un compromiso en esa dirección. Pero es cierto que nada ayudaría tanto a combatir el fraude como una política de mayor rigor en el gasto.

Los adversos precedentes justifican el escepticisno respecto al proyectado diálogo con los sindicatos. Sin embargo, la actitud de las centrales en la negociación colectiva de este año refleja un cierto giro, en el sentido de aceptar una línea reivindicativa más vinculada a la evolución de la salud de las empresas y, en general, a la competitividad de la economía. Ello permite albergar la esperanza, si no de un pacto de rentas, hipótesis descartada por el propio Gobierno, sí de un restablecimiento de un clima de cooperación similar al menos al que permitió la reconversión industrial de los primeros años ochenta, que hizo posible el crecimiento del periodo 1985-1991.

El Gobierno afronta en los próximos meses tareas más complejas y en condiciones de respaldo político más precarias que en legislaturas anteriores. Ha dejado atrás el lastre de la recesión, pero no tiene asegurada la renta que espera de una recuperación económica tan evidente como vulnerable. Su asentamiento dependerá de esa estabilidad parlamentaria en la que confía, pero también de su capacidad para que las actuaciones de política económica que ahora ha de emprender transmitan la necesaria confianza a los agentes económicos.