Matilde Fernández aprobó subvenciones a la Cruz Roja incumpliendo la ley

Las organizaciones humanitarias que concurren a la convocatoria de ayudas del Estado deben estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. Cruz Roja no cumple esta condición, a pesar de lo cual la anterior ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, aprobó las subvenciones de los últimos cinco años -13.500 millones de pesetas-. La ex ministra explicó: "Bajo mi responsabilidad política se aplicó la ley con flexibilidad, ya que sabíamos de qué situación partían muchas organizaciones humanitarias". Cruz Roja ha mantenido la deuda, que, además, crece cada año.

La mayor institución benéfica de este país, a la que se adjudican más de la cuarta parte de las subvenciones disponibles cada año, no cumplía los requisitos legales para obtener la ayuda estatal. El impago a la Seguridad Social desvelado por las auditorías que publicó este periódico el pasado martes le excluía de la posibilidad de optar a una ayudas estatales que ha percibido sistemáticamente cada año.Así lo establece el Real Decreto número 195 de 17 de febrero de 1989. Según esta disposición, la organizaciones benéficas que deseen obtener subvención han de "acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social".

Según la última auditoría disponible de Cruz Roja, la de 1992, esta institución tenía una deuda con la Seguridad Social de 7.530 millones de pesetas. Tanto el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, como la propia ex presidenta de la institución Carmen Mestre adujeron, tras la publicación de este dato en EL PAÍS, que la deuda se viene arrastrando desde hace años. Sin embargo, el repaso de las auditorías confirma que la deuda se ha ido acrecentando en casi 3.000 millones en sólo dos años.

Matilde Fernández, diputada del PSOE que asistía ayer al pleno del Congreso, explicó ayer que la adjudicación de subvenciones se ha realizado siempre con flexibilidad porque muchas organizaciones se estaban "haciendo adultas" en los años 80. "No tenían cuentas, ni auditorías, así que encargué informes jurídicos para hacer una interpretación de la ley que nos permitiera otorgar las ayudas. No sólo Cruz Roja estaba en esa situación".

Subterfugio legal

Una fuente del Ministerio de Asuntos Sociales dijo ayer a este periódico que las subvenciones a la Cruz Roja siempre se han otorgado mediante un subterfugio. Este consistía en presentar todos los programas a través de la oficina de Madrid, que sí está al corriente de pagos. La deuda con el Estado, como reflejan las auditorías, proviene de centros diferentes que sí mantienen un importante descubierto.El mismo real decreto establece que las instituciones benéficas que se presentan a la convocatoria han de "tener ámbito estatal de actuación". Asuntos Sociales ofreció ayer, de forma oficial, esta misma explicación: "La asamblea central está al corriente de pagos; por eso puede recibir subvención".

Este mismo mandato legal exige haber justificado los gastos de los programas anteriormente subvencionados para obtener las ayudas siguientes. Este requisito tampoco lo cumple Cruz Roja, ya que el Tribunal de Cuentas asegura en su inspección que faltan justificantes de la subvención otorgada en 1989 (Véase EL PAÍS del miércoles pasado).

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, en el cargo desde el pasado mes de junio, no ha firmado todavía las subvenciones correspondientes a 1994. Las del año pasado -2.505 millones para Cruz Roja Española- fueron responsabilidad de Matilde Fernández.

La última convocatoria para optar a estas ayudas se publicó en el BOE el pasado 25 de febrero de este año y específica, nuevamente, las condiciones, que son iguales que las citadas.

La deuda con la Seguridad Social es una realidad que recogen las tres últimas auditorías disponibles de Cruz Roja Española. El informe de Ernst & Young correspondiente a la de 1992 dice: "...diferentes centros de Cruz Roja Española tienen pendientes de ingresar cuotas patronales de la Seguridad Social así como determinadas retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a ejercicios anteriores. Las cuentas anuales adjuntas recogen por este concepto un pasivo total de 8.684 millones de pesetas de los cuales 7.530 millones de pesetas corresponden a la Seguridad Social y los 1.154 restantes al IRPF de centros sanitarios".

Dos años antes, los auditores es atablecen que la deudas con Administraciones Públicas se elevan a 5.055 millones de pesetas y 892 millones.

De estos datos se desprende que, a falta de la auditoría de 1993, la deuda con la Seguridad Social se incrementa cada año bajo el mandato de Carmen Mestre, que dimitió de su puesto el pasado martes tras publicarse datos de su gestión.

Opacidad en la gestión

Los trabajadores de la oficina central de Cruz Roja Española emitieron ayer un comunicado en el que ratificaron su desacuerdo, expuesto en otras ocasiones dentro de la empresa, ante la línea de actuación del equipo directivo, "caracterizada por la opacidad". Tal postura ha obtenido siempre, según los trabajadores, "como única respuesta el desprecio y a exclusión". Los trabajadores, preocupados por la posible pérdida de credibilidad de la dedicación social de la institución, piden la clarificación de la gestión, "tanto en su aspecto ecónomico como de actividad".