Los Doce coinciden en que es necesario controlar inflación, déficit y salarios para salir de la crisis

Los jefes de Estado y de Gobierno no dieron ninguna sorpresa a la hora de decidir las grandes orientaciones de política económica para el curso que viene. La contención salarial, una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y, sobre todo, el control de la inflación en torno al 2%-3% en dos años y la reducción de los déficit públicos al 3% del PIB serán las grandes líneasque manejarán los Doce para enderezar las economías europeas. Por una vez, los ministros de Economía accedieron a la cumbre y su impronta se notó en la rigidez y la poca fantasía de las orientaciones.

La Unión Europea (UE) puso ayer en marcha uno de los ejercicios que le brinda el Tratado de Maastricht: las grandes orientaciones de política económica que deberán cumplir todos los Estados miembros. La gran novedad es que, de acuerdo con el artículo 103 del Tratado de la Unión, estas orientaciones se pueden aprobar con el acuerdo de la mayoría de los Estados, pero no requieren la unanimidad.Sin embargo, los jefes de Estado y de Gobierno, asesorados excepcionalmente por sus ministros de Economía y Finanzas -que durante un par de horas ocuparon las sillas de sus colegas de Asuntos Exteriores- optaron por la prudencia y por lo ya conocido. Los Doce apenas introdujeron modificaciones de sustancia en el documento de síntesis que ya les había preparado el consejo Ecofin (de ministros de Economía y Finanzas) el domingo pasado, del que habían desaparecido las propuestas más concretas que sugería la Comisión Europea como punto de partida de este nuevo ejercicio comunitario.

En esta línea, el borrador de acuerdo -que deberá ser ratificado hoy por los jefes de Estado y de Gobierno para ser aplicado por el Ecofin a partir del lunes- apenas aportó novedades. Los Doce hicieron votos para alcanzar en 1996 una inflación de entre el 2% y el 3% en 1996, reducir el déficit público al 3% del PIB de acuerdo con los criterios de convergencia de Maastricht, velar por el mayor rigor en la contención salarial, flexibilizar el mercado laboral y estudiar fórmulas para abaratar los costes del trabajo.

Las intervenciones más encendidas se centraron en estas últimas propuestas y en la polémica sobre la. implantación de un impuesto sobre las emisiones de anhídrido carbónico (CO2) como alternativa dentro de la fiscalidad del trabajo. El ministro británico de Hacienda, Kenneth Clarke, se opuso con ardor a esta posibilidad, que defendía en sentido contrario el francés Edmond Alphandéry. España no desea esta fórmula como alternativa a la fiscalidad del trabajo, aunque es partidaria de llegar a imponer este impuesto pero con periodos transitorios para aquellos países menos desarrollados y, por tanto, menos contaminantes.

Felipe González defendió con especial hincapié la flexibilidad laboral y la contención salarial. Anunció a sus colegas su determinación de congelar los salarios nominales del sector público en 1994 y les animó a convencer a la empresa privada para que siguieran políticas de rigor como ésta. Sin embargo, González se opuso a los excesos de Clarke, quien llegó a reclamar la reducción de salarios si fuera necesario. El presidente francés, François Mitterrand, se opuso tajantemente a cualquier tipo de recorte de salarios o de beneficios sociales como vía de reactivación.

Al final, las orientaciones quedaron casi como las habían dejado días atrás los ministros de Economía, con el beneplácito del poderoso ministro alemán de Finanzas, Theo Waigel.