España bloquea la armonización del derecho de asilo

Mientras quepa la posibilidad de que dos presuntos etarras, Luis Moreno Ramajo y Raquel García Aranz, puedan obtener en Bélgica el estatuto de refugiado político, España impedirá que la Unión Europea (UE) ponga en práctica la Convención de Dublín sobre asilo en inmigración.El presidente del Gobierno español, Felipe González, mantuvo ayer en la cumbre de los jefes de Gobierno europeos la misma reserva que su titular de Justicia, Juan Alberto Belloch, ya formuló en reuniones anteriores con sus homólogos comunitarios.

"No se comprende", afirmó el secretario de Estado para la Comunidad Europea, Carlos Westendorp, al explicar la posición española, "que un país de la UE contemple la posibilidad de otorgar el estatuto de refugiado a un ciudadano de otro Estado, miembro tan democrático como el primero, mientras los Doce se esfuerzan paralelamente en armonizar el derecho de asilo". "En consecuencia, no levantaremos la reserva hasta que no se modifique la legislación de ese país" y se descarte conceder asilo a los ciudadanos de sus socios. "Nuestra posición es vista con simpatía por todos nuestros socios", añadió el ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana.

El primer ministro belga, Jean-Luc Dehaene, prometió el 29 de noviembre en Madrid que cambiaría su legislación, un proceso que llevará tiempo. A pesar de las declaraciones oficiales, la diplomacia española se conformaría, para renunciar a su actual reserva, con que las autoridades belgas acepten extraditar a Moreno y Aranz, según indican fuentes de la Administración.

La reserva española afecta al plan de acción de la presidencia belga que, entre otras cosas, pretende impulsar las políticas de asilo e inmigración aplicando la Convención de Dublín de 1990. No perjudica, en cambio, a otra vertiente del plan de acción consagrada a la cooperación policial, aduanera y de lucha contra el tráfico de droga que coordinará la futura policía europea Europol.

España retiró precisamente el lunes otra reserva relativa a la puesta en práctica de Europol, embrión de la policía europea, con sede en La Haya. Pretendía, cuando la formuló, obligar al primer ministro de los Países Bajos, Ruud Lubbers, a renunciar a su reivindicación de convertir al holandés en idioma de trabajo de la futura Oficina de Marcas de Alicante. Junto con el holandés, el griego, el danés y el portugués exigían el mismo estatuto, algo que habría encarecido el funcionamiento de la nueva institución y comprometido su rentabilidad. El compromiso pactado sólo dio satisfacción parcial a España.

La oposición española y del Reino Unido impidió ayer aprobar todas las adaptaciones institucionales necesarias de cara a la ampliación de la UE a cuatro nuevos miembros (Austria, Suecia, Noruega y Finlandia). Si ingresan todos ellos, el número de comisarios pasará de 17 a 21 aunque muchas carteras tendrán escaso contenido. El turno de las presidencias de la UE se alterará para evitar que se sucedan en el cargo dos países pequeños. No hubo, en cambio, acuerdo sobre la minoría de bloqueo, establecida en 23 votos y que diez países quieren aumentar a 27. España lo aceptaría a condición de que dos Estados grandes, entre los que se cuenta, y uno pequeño puedan también impedir la toma de una decisión que les perjudique.