Sanidad necesita 13.500 millones para indemnizar a los infectados de sida por sangre contaminada

El Ministerio de Sanidad y Consumo no dispone de dinero para abonar los 10 millones de pesetas acordados con la Federación Española de Hemofilia como ayuda inicial para cada uno de los 1.147 infectados de sida a través de hemoderivados contaminados, según manifestó ayer Ángeles Amador, subsecretaria de Sanidad. El acuerdo incluye también a los 175 infectados por transfusión sanguínea, así como a los familiares -generalmente esposas- contagiados al desconocer el riesgo que corrían y no adoptar, por tanto, medidas preventivas. Esto sitúa el número de afectados en un mínimo de 1.350, necesitando Sanidad una remesa de 13.500 millones de pesetas. Amador situó el dinero disponible en 500 millones.

La subsecretaria de Sanidad se mostró impresionada por "el dramatismo de la situación que viven los hemofilicos". Sólo en el mes que han durado las negociaciones ha habido dos nuevas víctimas mortales, pasando a 418 los fallecidos y a 729 el número de vivos. De los 175 transfundidos, habían fallecido 98 a finales de 1992. Amador afirmó que el Consejo de Ministros aprobará el acuerdo en mayo.A esa cantidad de 13.500 millones de "ayuda inicial" hay que sumar además las pensiones acordadas tanto para los afectados como para los miembros de la familia que dependen económicamente de ellos (hijos, hermanos minusválidos y jubilados sin otros ingresos). Este capítulo depende de otros departamentos y será necesario llegar a un acuerdo interministerial para articular lo que Sanidad denomina como "ayudas periódicas para que estén seguros de que la unidad familiar tiene por delante un horizonte, un futuro".

El monto anual de éstas no se conocerá hasta que un comité clínico evalúe el censo de infectados y se conozca el número de hijos o ancianos amparados por el acuerdo. Éste contempla una cantidad que oscilará entre 60.000 y 120.000 pesetas mensuales para cada uno de los infectados, dependiendo de su grado de afección. Además, sus hijos recibirán de 30.000 a 60.000 pesetas mensuales hasta que concluyan los estudios. Sanidad ha fijado en este apartado una edad tope de 24 años.

Demandas retiradas

En el caso de los afectados fallecidos, se incrementan las cantidades destinadas a la familia, situándose éstas en un mínimo de 80.000 pesetas y un máximo de 120.000 para cada familiar que se haya acogido a la ayuda. Las viudas no entran en ese grupo al considerar Sanidad, por una parte, que con los 10 millones de ayuda inicial pueden planificar su situación económica y, por otra, que el recibir una pensión mensual se plantean dificultades de control ya que pueden volver a casarse.Ángeles Amador destacó que el acuerdo también ha sido subscrito por la Asociación Catalana de Hemofilia y señaló que el colectivo de hemofílicos ha demostrado una notable sensibilidad y solidaridad para aceptar que las ayudas sean en función de la familia. A su juicio, la Administración ha intentado llegar a un punto de encuentro. "Hemos alcanzado un acuerdo razonable que responde ante todo a razones de solidaridad. Las ayudas no resuelven el problema planteado porque éste no tiene solución, pero sí van a paliar la situación le las personas afectadas. Sanidad lo que va a ofrecer es la tranquilidad económica", afirmó.

José Alonso, presidente de la Federación Española de Hemofilia, se manifestó ayer satisfecho por el contenido del acuerdo y la Asociación Catalana de Hemofilia suspendió la demanda colectiva que había pIanteado, en representación le 86 afectados, contra el Instituto Catalán de Salud (ICS).

La celebración de la vista oral de esta demanda estaba prevista para hoy mismo en el Juzgado de lo Social número 6 de Barcelona. Josep Senespleda, abogado de la asociación, afirmó que "queda en suspenso durante un mes, a la espera de que el Gobierno establezca las correspondientes dotaciones presupuestarias", informa Europa Press.

Xavier Trías, Consejero catalán de Sanidad, manifestó al ministerio, ya en febrero pasado, su preocupación por una demanda previa de 27 afectados. Desde entonces, ha sido uno de los hombres que más ha urgido a José Antonio Griñán, ministro de Sanidad y Consumo, para que alcanzase un acuerdo con los hemofílicos.

Cataluña es la única autonomía donde se ha planteado una actuación judicial colectiva, incluyendo además a los facultativos entre los responsables. Esto causó un distanciamiento entre la Federación Nacional y la Asociación Catalana.

Situación dramática

Con respecto al retraso con que la Administración ha abordado este problema -ya en el año 1991 los hemofílicos presentaron un informe ante el Defensor del Pueblo-, Ángeles Amador reconoció que el contagio de sida por hemoderivados y transfusiones es un problema "muy duro de afrontar para todos".La subsecretaria de Sanidad, abogada de profesión, expresó su deseo de que los afectados que han interpuesto demandas abandonen la vía judicial. [El secretario general del Sindicato Médico de Madrid dijo ayer a Efe que la organización se querellará contra los ex ministros de Sanidad Ernest Lluch y Julián García Vargas, como responsables "por negligencia administrativa" del contagio por transfusiones. Rivas consideró "satisfactorias" las indenmizaciones.]