La Comisión de la ONU acusa del asesinato de los jesuitas a seis altos cargos del Ejército salvadoreño

El asesinato en 1989 en San Salvador de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, no una acción aislada de unos miembros del Ejército, como se ha pretendido hacer creer hasta ahora, sino un asesinato planificado y ordenado por el más alto mando militar. La Comisión de la Verdad nombrada por la ONU revelará hoy, según una copia de su Informe hecha pública por la agencia France Presse, que seis jefes militares fueron sus inductores y que entre éstos figura el general René Emilio Ponce, hasta el pasado viernes ministro de Defensa de ese país centroamericano.

Junto a Ponce, cuya reciente dimisión fue interpretada como un reconocimiento implícito de que su nombre figuraba entre los criminales de guerra salvadoreños, aparecen también como responsables de esta matanza otros cuatro generales de la temida promoción de La Tandona: Oscar Alberto León Linares, responsable del batallón A Atlacalt el día del crimen y hoy jefe de la cuarta brigada de Infantería; Manuel Elena Fuentes, destinado actualmente como responsable mililtar ante el gobierno de Guatemala; Inocente Orlando Montano, ex director de la Policía Nacional, y Juan Orlando Zepeda, este último actual viceministro de Defensa. El sexto responsable es el general de Aviación retirado Juan Bustillo, uno de los personajes más siniestros de la extrema derecha salvadoreña, cuyo último destino fue el de agregado militar en la embajada de El Salvador en Israel.La agencia France Presse se adelantó en unas horas a la entrega oficial por la ONU al Gobierno salvadoreño y al Frerite Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del informe sobre las conclusiones a las que ha llegado la Cornisión de la Verdad, un equipo de trabajo que durante meses ha investigado los principales crímenes de guerra en el país con un único fin: acabar con la impunidad y poner al descubierto la verdad de lo que pasó en esos 12 años de cruel guerra civil.

La Comisión de la Verdad, compuesta por el ex presidente colombiano Belisario Betancur, el ex canciller venezolano Reinaldo Figueredo y el presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Thomas Buerguental, no sólo ha investigado al Ejército sino también a la guerrilla. En sus conclusiones acusa también a los comandantes del Frente Farabundo Martí para la, Liberación Nacional (FMLN) Joaquín Villalobos y Ana Guadalupe Martínez de estar involucrados en acciones criminales, por lo que exige que no ocupen cargos públicos en el futuro.

Los seis jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en la sede de la Un¡versidad Centroamericana. Uno de los fallecidos era el filósofo español Ignacio Ellacuría. También murieron dos mujeres, pertenecientes al servicio de la comunidad.

Primer juicio

Dos, años después comparecieron ante la justicia varios oficiales y suboficiales. Tan sólo dos de estos, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yushi Mendonza, jefe del pelotón que asesinó a los religiosos, fueron condenados. Siete personas, entre ellos un prófugo, fueron absueltas. Benavides cumple una condena de trelinta años, y Mendoza, una de veinte.Este juicio fue considerado por la comunidad jesuita de El Salvador como una farsa y también como una operación destinada a encubrir a los verdaderos responsables o inductores del crimen. A partir de ese momento las presiones internacionales, incluso de EEUU, se mantuvieron firmes.