La Administración anuncia que indemnizará a los hemofílicos infectados con el virus del sida

El conflicto planteado desde hace años entre la Administración y la Federación Española de Hemofilia por el contagio de sida a través de plasma contaminado entró ayer en vías de solución al anunciar Sanidad que indemnizará a los afectados. El ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, se mostró dispuesto a hablar sobre indemnizaciones" y pidió a que se admita "la corrección" de las actuaciones del Gobierno. "Es evidente que se ha cansado un daño por el funcionamiento normal de los hospitales y ese daño tenemos que ser capaces de repararlo", afirmó Marcos Peña, secretario general de Salud. Griñán y Peña rechazaron en todo momento las acusaciones de negligencia lanzadas desde la oposición.

El ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, señaló ayer en los pasillos del Senado que la actuación de la Administración en el tema de los hernofílicos ha sido correcta, y que el fondo de solidaridad para esos enfermos afectados de sida aumentó el pasado año en un 500%, informa Griñán rechazó fijar una posible cuantía de indemnizaciones, y estimó que se trata de abordar problemas individuales, porque entiende que en este caso "monetizar no deja de ser una frivolidad".Según la Federación Española, 1.147 hemofílicos, de un total de 2.730, resultaron contagiados; 416 de ellos han fallecido. Ésta asociación pide una indemnización superior a los 20.000 millones.

Marcos Peña, secretario general de Salud omitió, en rueda de prensa, hablar de cifras, "por pudor". "Se ha provocado un daño grave y doloroso", dijo, "y, sin duda, la solución es económica; pero no quiero entrar en un regate monetario", afirmó. Antes de fijar cantidades es necesario, a juicio de Peña, "delimitar bien el problema en multitud de reuniones y contar con las cornunidades autónomas implicadas". "Ahora no se puede anticipar cuando, ni cuanto se va a pagar", añadió. Para Marcos Peña "es casi imposible que la solución al problema pueda hacerla la autoridad sanitaria en exclusiva. Toda la sociedad está comprometida para evitar la alarma social".

Entre Sanidad y la Federación Española de Hemofilia, hay disparidad en las cifras de afectados. Así, en 1983 fallecieron tres hemofílicos, según los datos de Sanidad; esa cifra se eleva a ocho en el registro de los hemofílicos, según su presidente, José Alonso Gómez.

Pero las discrepancias se centraban hasta ayer, fundamentalmente, en si hubo o no actuación negligente por parte de facultativos y de responsables sanitarios. En este sentido, Marcos Peña manifestó que la confusión científica que había en esos momentos [de 1983 a 1985] impedía tomar medidas.

Confusión

"Para nosotros el primer acto científico irrefutable se produce en marzo de 1985, cuando la Agencia estadounidense de Control de Medicamentos (FDA) registra el primer reactivo para detectar el virus del sida. Hasta entonces, el estado de la ciencia era errático e impedía a cualquier autoridad sanitaria legislar con seguridad", afirmó el secretario general de Salud. Como prueba de que en 1985 se retiró todo el plasma sospechoso, Marcos Peña mostró un dictamen del Consejo de Estado, que rechazaba las indemnizaciones de 212 millones de pesetas solicitadas por los laboratorios.

La Federación Española de Hemofilia -que considera ese contagio como "la catástrofe sanitaria más grande acaecida en la historia de la medicina después de la talidomida"- mantiene, en cambio, que Sanidad tenía información suficiente sobre la necesidad de someter los productos usados para tratar esa dolencia a, altas, temperaturas. Pese a ello, los hemofílicos se basan en que "no puede excluirse la obligación del Estado de indemnizar como responsable de un daño por el funcionamiento de los servicios sanitarios". Para José Alonso, "existe una responsabilidad objetiva, ya que se ha vulnerado gravemente el derecho a la protección de la salud garantizado por el artículo 43 de la Constitución". Ángeles Maestro, portavoz de sanidad en Izquierda Unida, se manifestó ayer en este mismo sentido: no puede eludirse la responsabilidad de la Administración.

Esa nueva actitud de los hemofílicos contagiados desde hablar de negligencia de la Administración a sólo responsabilidad ha sido, según Marcos Peña, la puerta a la solución.

Cuando surgió el problema, Julíán García Vargas, ministro de Sanidad en aquel momento, impulsó la creación de la Real Fundación Victoria Eugenia, que representa a los 1.147 afectados, para canalizar las ayudas económicas que se les concedía anualmente (100 millones que han pasado a 500 millones en 1993). Pero las expectativas creadas en un principio se han desvanecido en los dos últimos años. El parón se produjo, según José Alonso Gómez, al llegar Julián García Valverde a Sanidad. Ante la precaria situación económica de los afectados -que en muchos casos han perdido su trabajo- algunos han demandado individualmente al Insalud.

El presidente del PP, José María Aznar, recibió ayer a la comisión permanente de la Federación de Hemofilia y se comprometió a soluciones consensuadas en el Parlamento.