Las autonomías optan por dar prioridad al patrimonio en los programas de mecenazgo

Las intervenciones en el patrimonio, centran el interés de las comunidades autónomas a la hora de plantear programas prioritarios de mecenazgo cultural en aplicación de lafutura Ley de Incentivos Fiscales de Participación Privada en Actividades de Interés General. El ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, se reunió ayer en Valencia con los consejeros de las 17 comunidades autónomas para estudiar, entre otros asuntos, qué programas y qué tipo de iniciativas privadas es necesario promover al desarrollar lo que se conoce como ley del mecenazgo, actualmente en tramitación.

La gran mayoría de las comunidades autónomas está de acuerdo en considerar las actuaciones relacionadas con el patrimonio como "un eje aglutinador" a la hora de definir programas prioritarios de mecenazgo, según las conclusiones de un grupo de trabajo que fue ron discutidas ayer en Valencia por Solé Tura con los consejeros de gobiernos autónomos en el segundo encuentro de este tipo que el ministro mantiene para coordinar las políticas estatal y autonómica. A la reunión, en la que tres gobiernos estuvieron representados por directores generales, sólo falta ron los representantes del País Vasco y Canarias.

Iniciativa privada

"El alto coste económico que cualquier tipo de intervención en el patrimonio requiere, impide que las administraciones públicas -con recursos limitados- lo aborden", señala el documento debatido ayer. "En este sentido, la participación (le la iniciativa privada en programas de recuperación del patrimonio puede ser altamente fructífera".

"En general, se ha visto que tendemos a coincidir en que los programas prioritarios son los que se refieren al patrimonio", señaló ayer Solé Tura al dar a conocer lo tratado en la reunión. Según el ministro, se acordó que la definición de los programas con exención fiscal especial "será fijada en común".

El Ministerio de Cultura decidió abrir con las comunidades autónomas una discusión sobre esta cuestión antes de la aprobación del proyecto de ley de incentivos fiscales y en paralelo a su tramitación parlamentaria, con el fin de incorporar en la misma una ley adicional que especifique los programas prioritarios de carácter cultural.

De esta forma, los programas podrían comenzar a aplicarse antes de la aprobación de los Presupuestos del año próximo. Esta definición de prioridades se basa en el artículo 29 del proyecto de ley, que sólo el representante vasco se mostró en su día partidario de suprimir por considerar que consagra un excesivo intervencionismo del Estado.

Uno de los centros del debate es cómo establecer los programas prioritarios. Mientras el ministerio asegura no tener ideas predefinidas y dice buscar "el máximo consenso posible", los gobiernos autónomos prefieren delimitar las actividades prioritarias en el territorio de su comunidad. La posibilidad de combinar programas de ámbito territorial definido y programas de interés general determinados por el Ministerio de Cultura podría ser la fórmula final de síntensis.

Junto a iniciativas de recuperación del patrimonio en catedrales, monumentos, conjuntos históricos o yacimientos, las prioridades de mecenazgo planteadas por los gobiernos autónomos incluyen la música, las orquestas de titularidad pública y los festivales musicales, las artes plásticas, la producción teatral, la cinematografía, las políticas de normalización lingüística, las bibliotecas y la donaciones a museos, entre otros aspectos.

En la reunión de ayer, celebrada en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se abordaron también cuestiones como la nueva red de teatros y auditorios públicos; el nuevo reglamento descentralizado del registro de la propiedad intelectual; la participación de las comunidades autónomas en los patronatos de instituciones como la Biblioteca Nacional o El Prado; la introducción del programa informático de la red europea de museos para el inventario del patrimonio, y la creación de un grupo de trabajo sobre el gasto cultural en España. Esta última iniciativa, según Solé Tura, persigue "llegar a una evaluación sobre el gasto cultural de las diferentes administraciones, ver qué disfunciones se producen y cómo mejorar los resultados".