A toda pastilla

EN ESPAÑA, los fármacos financiados por la Seguridad Social suponen la quinta parte del gasto sanitario total. Sólo dos países europeos superan ese porcentaje. El aumento de la población pensionista, cuyo consumo de fármacos supone el 70% del gasto total, y la fuerte subida en el precio de los medicamentos son factores que han incidido en el crecimiento desmesurado de ese capítulo del presupuesto sanitario en los últimos años. El real decreto aprobado el viernes trata de contener ese incremento. Se puede discutir la oportunidad de la exclusión de tal o cual preparado en concreto -siempre revisable a la luz de la experiencia-, pero parece lógico el criterio, seguido en los principales países europeos, de suprimir los destinados a combatir síntomas menores, así como ciertos productos no propiamente curativos: vitaminas, adelgazantes, callicidas, etcétera. Lo sustancial de la reforma consiste, sin embargo, en la introducción de un factor de competencia que abarate los fármacos. A tal fin, cada año se revisará la lista de productos sufragados con el criterio de incluir aquellos que, con igual eficacia terapéutica, sean más baratos.Que los grandes laboratorios farmacéuticos se movilicen contra tales medidas tiene lógica. Que lo hagan los sindicatos y partidos de oposición, de izquierda o de derecha, jaleados por los teóricos de la quiebra del Estado, resulta menos entendible: ni siquiera en año electoral es posible estar a la vez contra el crecimiento incontrolado del gasto público y contra lo que viene a intentar remediarlo.