Estado de sitio

LOS ENEMIGOS interiores están intentando arrinconar progresivamente al Estado colombiano de tal modo que el ámbito geográfico de su soberanía se ha ido reduciendo y empieza a estar limitado a lo que podría llamarse -exageradamente- un perímetro capitalino más o menos extenso. Hay grandes zonas del país a las que la autoridad constitucional no llega con nitidez, y en las fronteras de ellas se producen enfrentamientos entre el Ejército y las guerrillas o los narcotraficantes que se saldan con incontables muertes y violencia. Nadie controla esta guerra, y, para hacer frente al estado de asedio, el presidente César Gaviria ha contrapuesto el estado de emergencia. Su duración será de tres meses, pero pocos elementos inducen a pensar que en este periodo se resolverá el desafío.¿Cómo es posible que un país que a mediados del año pasado celebraba la promulgación de una nueva Constitución superadora de lacras y violencia se encuentre ahora una vez más al borde del colapso? La explicación debe buscarse en la dualidad política, social y económica de Colombia. Gaviria había llegado a la presidencia de la república con un programa que consistía en hacer que el mismo sistema corrompido se otorgara una nueva Constitución para superar la corrupción. El proyecto fue espléndido, y su culminación hizo concebir esperanzas de paz. Pero 16 meses después ha saltado por los aires...

Ciertamente, para que el anhelado programa de regeneración tuviera oportunidad de convertirse en realidad se necesitaba algo más que un texto voluntarista aplaudido por todos. Se requería también un presidente seguro de sí mismo y capaz de imponer disciplina a todos los estamentos sociales. La primera señal de debilidad de Gaviria fue evidente tras la fuga, a finales del pasado mes de julio, del narcotraficante Pablo Escobar. De pronto quedó claro que el presidente, lejos de imponer la regla del derecho, había encarcelado a Escobar tras aceptar tácitamente las condiciones implícitas -el intercambio de la paz social por inmunidad a la extradición-.

La segunda indicación de incertidumbre política ha llegado de la mano de la guerrilla. Si el M-19, el grupo guerrillero más numeroso, depuso hace tiempo las armas, no se han arbitrado los medios eficaces para mantener sentados a una mesa de negociación a los restantes, en especial a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lamentablemente, y ante la inseguridad existente, Gaviria ha sugerido que acaso sea conveniente que los ciudadanos, los terratenientes, los ganaderos, monten su propia defensa paramilitar. Lo que supone la abdicación de una de las prerrogativas esenciales del Estado.

El presidente Gaviria no tiene más que dos caminos abiertos: endurecer las condiciones impuestas a Escobar para que se entregue y forzar a las recalcitrantes guerrillas a sentarse a negociar. Para ello, el camino elegido no es malo: aislar a todos, impedirles acudir a las radios y televisiones, castigar a quienes les financien voluntaria y forzadamente y cortar toda negociación que, a nivel local, busque un acomodo insuficiente. Tiene 90 días para demostrar la utilidad de las medidas.