El Gobierno se desentiende de la Ley de Mecenazgo en el Congreso de los Diputados

Ningún ministro presentó ayer en el pleno del Congreso de los Diputados una ley que parece haber nacido maldita: la Ley de Mecenazgo. Fuentes socialistas han reconocido en reiteradas ocasiones que el texto no es del agrado de Cultura, ya que en el proyecto Economía y Hacienda ha impuesto sus criterios fiscales. Quizá por este motivo, el titular de Cultura, Jordi Solé Tura, llegó al Congreso con el debate ya iniciado. Cuando la sesión tocaba a su fin se sentó en el banco azul Carlos Solchaga, cuyo ministerio -Economía y Hacienda- es el firmante en solitario del proyecto.

Ayer, se debatió el proyecto de ley de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interes General -Más conocido como Ley de Mecenazgo- elaborado por el Gobierno, así como las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. Todas fueron rechazadas.Fuentes parlamentarias aseguraron ayer que el reglamento del Congreso no obliga a un ministro a presentar un proyecto de ley. Sin embargo, la de mecenazgo será una de las pocas leyes que en materia cultural se elaborará en esta legislatura. La presentación de un proyecto es generalmente aprovechada por los ministros para exponer sus dotes político-retóricas. Sin embargo, ayer, ninguno de estos argumentos logró hacer subir a la tribuna de oradores a algún miembro del Ejecutivo.

Solchaga, decían los parlamentarios socialistas, estaba demasiado preocupado por la situación económica y, además, recién llegado de Estados Unidos. Solé Tura, según las mismas fuentes, consideraba que la ley correspondía presentarla parlamentariamente a otro responsable de cartera ministerial, aunque fuera él mismo quien la diera a conocer a la prensa tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado mes de mayo.

Tampoco los portavoces socialistas de las comisiones de Cultura y Economía tomaron la palabra. El encargado de defender, que no de presentar, el proyecto de ley, fue Ángel García Ronda, miembro de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El parlamentario defendió un texto que, dado el momento que se vive, quizá carece de excesiva importancia para el área económica del Gobierno y no es del agrado ni de la cartera de Cultura ni de los parlamentarios de esa comisión en el Congreso, apuntaron fuentes parlamentarias. Salvador Clotas, que preside la Comisión de Cultura, no quiso asumir ante el pleno la defensa del proyecto de ley. La oposición habló del desinterés gubernamental por un texto que comenzó a debatirse a mediodía con los bancos azules vacíos. La importancia cultural de esta ley es patente: el ministerio al que pretende auxiliar en primer lugar -el de Cultura- cuenta con un pequeño presupuesto -unos 50.000 millones de pesetas- que se verán recortados en 1993 en un 3,5%, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.

Sin embargo, con la insólita situación de que ningún ministro presentara ayer el proyecto de ley, comenzaron las intervenciones de los grupos de la oposición. El ataque más duro contra el proyecto lo realizó el diputado popular Miguel Ángel Cortés, quien repitió los argumentos avanzados anteayer en conferencia de prensa: ley burocratizante e interés por parte del PSOE por controlar la sociedad a través de una política de dependencia de las subvenciones. "Hace tiempo", subrayó Cortés, "un destacado dirigente del Partido Socialista habló de la necesidad de una ley de hierro para los beneficios. Se decía que estas palabras iban contra el ministro de Economía y Hacienda. El proyecto que hoy debatimos, que es un proyecto del Ministerio de Economía y Hacienda, es una auténtica ley de hierro de las fundaciones".

Ángel García Ronda, que actuó como portavoz socialista en el debate, aseguró que esta ley es fruto de la dialéctica entre el sistema fiscal y la necesidad de inversión cultural. Aunque la mayoría socialista rechazó todas las enmiendas, el PSOE no descarta modificar este proyecto de ley que, a juicio de los sectores afectados resulta bastante inoperante. Durante la tramitación del proyecto en comisión se baraja la posibilidad de introducir en el proyecto el que las donaciones a los partidos políticos desgraven al realizar la declaración de la renta. Esta enmienda, en la que está trabajando CiU, deberá ser fruto de un acuerdo entre este grupo, el socialista, y los nacionalistas vascos. Resultaría paradójico, declararon fuentes de Izquierda Unida, que una ley destinada a fomentar actividades culturales sirviera para logar donaciones para los partidos políticos.