La protección de bosques tropicales, en manos de cada Gobierno

M. R. E / J. C. Los países madereros del cinturón tropical han obtenido una victoria moral al mantener, respecto a la Declaración de Bosques, que las masas forestales son recursos nacionales y su protección depende de las políticas nacionales y no de acuerdos inteRNacionales, como pretendían los países desarrollados y sobre todo Estados Unidos. En este caso, las organizaciones ecologistas, preocupadas por el acelerado ritmo de desaparición de los bosques tropicales, estaban claramente de parte del Norte.

El texto final de la Declaración de Bosques quedó Ayer prácticamente decidido, pero como tal declaración no obliga a nada y se limita a establecer una serie de principios generales, entre los que se incluye que el desarrollo de los bosques sea sostenible. Además, se ha quedado fuera, también por la resistEncia del Sur, la necesidad de avanzar hacia un tratado internacional sobre bosques, que apoyó ayer el presidente español, Felipe González, en su discurso.

"El documento ha quedado sumamente debilitado", ha señalado un representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), "y representa un paso atrás respecto a los acuerdos ya existentes". Otras organizaciones han destacado que no define los cOmplejos problemas que plantea la desaparición de los bosques ni establece un plan de acción para conservarlos.

Hasta el último minuto se debatía ayer en la Cumbre de la Tierra el tema de la financiación que los países ricos deben aportar para el medio ambiente en el marco de la Agenda 21, el plan de acción en medio ambiente para el próximo siglo. El canciller de Brasil, Celso Lafer, comentó a este periódico que esperaba llegar a un acuerdo antes del fin de la conferencia.

Los puntos de discordia se centraban sobre la aportación por parte de los países ricos del famoso 0,7% del producto interior bruto (PIB) para ayuda al medio ambiente. Las fórmulas en disputa eran tres y una cuarta propuesta presentada por Alemania. La más generosa pedía que esa contribución entrase en vigor antes del año 2000, otra se inclinaba por un "tan pronto como sea posible". Como solución de compromiso se debatía otra que decía "hasta el año 2.000 y lo más pronto posible después". La cuarta opción, la alemana, proponía añadir una frase que se refiriese a Ios esfuerzos y la situación particular de algunos países". Esta posición parece encaminada a buscar una situación particular para su país que le permita dirigir su ayuda hacia los países del Este europeo.

Entre los países de la Comunidad Europea hay fuertes diferencias. Francia, Dinamarca y Holanda se inclinan por exigir el pago del 0,7% en el 2000, porque ya cumplen o se acercan a esa condición.