Los constructores solicitan al Gobierno que apruebe un crédito extraordinario de 200.000 millones

El descenso de las licitaciones (casi un 60% en el primer cuatrimestre del año), el paulatino incremento de las deudas del conjunto de las administraciones y la, al menos hasta hora, inconcrección de cómo se va a cumplir la promesa del plan de convergencia de destinar cada año el 5% del PIB a inversiones en infraestructuras, han encendido la luz de alarma en las empresas constructoras.Para intentar aliviar esta situación, y asegurar los próximos dos ejercicios, los constructores reclaman al Gobierno, a través tanto de la patronal (CNC) como de SEOPAN -organismo que reúne a las principales empresas del sector-, la aprobación de un crédito extraordinario de 200.000 millones de pesetas.

Las empresas de la construcción consideran que esta medida es especialmente urgente por dos razones. En primer lugar, porque están en peligro las grandes obras para los dos próximos años. Hace unos meses, el Consejo de Ministros autorizó al titular de Obras Públicas, José Borrell, para que ampliara por valor de 360.000 millones de pesetas los compromisos de inversión con cargo a los dos próximos ejercicios. No obstante, para que esta medida sea efectiva, debe estar acompañada, por un compromiso de gasto en el año en curso de alrededor de 15.000 millones de pesetas.

En segundo lugar, ese crédito extraordinario serviría para reducir las deudas contraídas por las administraciones. Los constructores cifran la deuda, siempre para el conjunto de las administraciones, entre 75.0.000 y 800.000 millones de pesetas. Economía ha reconocido que la deuda de la Administración central se sitúa en unos 90.000 millones de pesetas. La diferencia entre ambas cantidades se explica por la deuda de comunidades y ayuntamientos. Además, la Administración contabiliza como deuda las obras ya certificadas, en tanto que las empresas lo hacen antes, cuando la obra acaba.

Al margen de esta petición, los constructores no acaban de ver claro cómo pueden confluir dos de los grandes objetivos del programa de convergencia: la reducción del déficit público, y el incremento de hasta el 5% del PIB de la inversión destinada a infraestructuras. "Esperarnos que nos lo expliquen lo antes posible", coinciden en señalar varias fuentes del sector.