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REBELIÓN MILITAR EN VENEZUELA

El fantasma del golpe se hizo golpe

Los intelectuales y la prensa se cansaron de gritar que la situación era insostenible

La inseguridad ciudadana, la crisis económica, la corrupción, los fallos de la justicia y, en definitiva, el profundo desencanto de dos tercios de la población venezolana que no se han beneficiado de la política macroeconómica del presidente, Carlos Andrés Pérez, han sido el caldo de cultivo de la intentona golpistá que ayer sufrió Venezuela. Ya lo venía gritando desde hace tiempo el escritor Arturo Uslar Pietri pero, como él mismo denunció en una entrevista con este diario, en diciembre del año pasado, "el presidente está ciego y sordo ante la situación". El descontento ha lanzado varias veces a la calle a los estudiantes desde julio de 1990, cuando nueve de ellos murieron. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes y las víctimas causadas entonces continúan frescos en la memoria de muchos desheredados que han perdido la confianza en las instituciones de la democracia venezolana, la más antigua de América Latina, establecida en 1959 por Rómulo Bentancourt.

Hace tres meses, David Esteller escribía en la prensa venezolana un artículo con el título de El golpe. Decía: "El rumor sigue creciendo. Golpe para allá y golpe para acá. Bueno, en definitiva, se busca a un militar".Por el contrario, Carlos Andrés Pérez siempre negó la posibilidad de que los militares incubaran algún intento de hacerse con el control del país. "En primer lugar, no hay una situación social, ni económica, ni política, que pudiera explicarlo o justificarlo. En segundo lugar, la sociedad venezolana ha adquirido tal nivel de desarrollo que repudia y repele por naturaleza cualquier tipo de imposición por la fuerza en el Gobierno del país", dijo el presidente durante una conversación con este diario.

La masa empobrecida de la población responsabiliza a Carlos Andrés Perez y a su sumisión a la política del Fondo Monetario Internacional (FMI) de los males que padece la nación. El caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, tan sólo a los veinte días de que Pérez accediera al poder, fue una reacción social espontánea a la crisis. La subida del precio de la gasolina produjo saqueos masivos en Caracas y las principales ciudades del país. El resultado fue más de 5.000 muertos, aunque esta cifra nunca ha sido reconocida oficialmente.

El presidente y líder del partido socialdemócrata Acción Democrática se desligó, desde su segunda subida al poder, en 1989, de la tesis de su partido, y comenzó una política de ajuste y privatizaciones que sólo ha beneficiado a la banca y a las grandes compañías.

Cuando asumió la presidencia, en sustitución de Jaime Lusinchi, nadie dudaba de que era necesario un cierto ajuste para evitar el caos al que se encaminaba Venezuela, con un enorme déficit presupuestario, una balanza de pagos negativa, una abultada deuda externa y unas reservas en divisas inferiores a los 300 millones de dólares (30.000 millones de pesetas), prácticamente nada. Hoy las reservas han aumentado a 14.000 millones de dólares (1,4 billones de pesetas), la inflación está controlada por debajo del 30% y el crecimiento del producto interior bruto ronda el 10%, es decir, el más alto de América Latina. Pero, junto a esto, el kilo de carne pasó bruscamente de 50 a 200 bolívares y un medicamento que costaba un bolívar ha pasado a costar 20.

Ajuste económico

Según Teodoro Petkoff, secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), la tercera fuerza política del país, el ajuste económico debiera de haberse hecho de forma gradual para evitar los tremendos costes que está pagando, la población.

"Una de las cosas más criticables es la gestión de la banca central, que, al impulsar las tasas de interés altas ha reforzado el sector financiero. Esto ha reducido la rentabilidad de la agricultura y ha decapitado la industria", declaró a Le Monde Diplomatique el presidente del Congreso venezolano, Pedro París Montesinos. Frente a la dramática situación económica de los desheredados se extiende, principalmente por Caracas, la sensación de inseguridad ciudadana. Cada fin de semana se salda con más de dos decenas de muertos como consecuencia de actos violentos. La inseguridad es la primera preocupación de la desencantada clase media, y ha llegado a convertirse en el cáncer que obsesiona a las fuerzas de seguridad e incluso al Ejército. En muchos barrios de Caracas, la criminalidad resulta incontrolable. La policía no se aventura por numerosas calles y las clases adineradas tratan de resolver el problema de la inseguridad. dotándose de un auténtico ejército privado que protege sus zonas residenciales, haciendo de ellas pequeños guetos cerrados al público.

Las clases populares, que no pueden contratar vigilantes privados, están comenzando a organizar rondas de vecinos que controlan sus barrios de noche.

La ley del más fuerte campa a sus anchas por Caracas, pero el Gobierno venezolano parece haber dejado de lado está insoluble cuestión. El informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la creciente corrupción y violación de los derechos humanos en Venezuela debería abochornar al presidente y a su Gabinete, señalan fuentes de la oposición.

Mientras, nadie hace nada tampoco por poner fin al éxodo continuado de campesinos hacia los enormes cinturones de miseria que circundan la capital venezolana. Precisamente, Uslar Pietri acusa al Estado de ser responsable de la inseguridad ciudadana por haber fomentado la llmarginalidad de las ciudades". Un incipiente movimiento cooperativista trata de acaparar los restos de solidaridad que tiene una sociedad cansada para facilitar la venta de los productos campesinos y permitir un mínimo nivel de vida a éstos.

Dicen de Carlos Andrés Pérez que se ha dedicado a poner en práctica una política neoliberal con el mismo celo que un "pecador arrepentido". De ahí que sean muchos, tanto intelectuales como políticos y economistas, los que se han alejado de las tes del presidente. Según el econ mista Domingo Maza Zavala, salario mínimo actual en Ven zuela es de 6.000 bolívares me suales (unas 10.000 pesetas) y cesta básica de alimentos cues 9.000 bolívares.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de febrero de 1992