Agricultura y medio ambiente en la Comunidad Europea

El documento Evolución y futuro de la PAC, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas, es uno de los pocos testimonios de sensatez y lucidez generados en los últimos tiempos, en el ámbito de la Europa comunitaria. La conciencia de la verdadera dimensión a que han llegado los problemas medioambientales generados por la práctica de una agricultura química e intensiva, quedan reflejados en sus paginas y en sus recomendaciones. También son analizados con rigor otros problemas acuciantes íntimamente relacionados con un modelo de producción agroalimentaria, que necesita una profunda reconversión, a la que se resisten intereses diversos y grupos sociales distintos.Esquemáticamente, cuatro son los problemas fundamentales que aconsejan un cambio radical de la política agraria común:

El primero es el presupuestario, ya que los gastos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) se han triplicado desde 1980.

El segundo es el problema de los excedentes productivos que han llegado de nuevo a cifras preocupantes, tales como 18 millones de toneladas de cereales, 278.0100 toneladas de mantequilla, 335.000 toneladas de leche, 700.000 toneladas de carne de vacuno, etcétera.

El tercero es el relativo a los dusequilibrios en la distribución regional de las subvenciones. La CE reconoce que el 80% de las ayudas se quedan en el 20% de las explotaciones. Holanda, Francia y Alemania, con el 30% de población activa agraria, se llevan el 53% de los recursos del FEOGA, mientras que Italia, España y Portugal, con el 60% de la población activa, consiguieron sólo el 25% de los fondos.

Y el cuarto problema es el de los desequilibrios medioambientales. La agricultura moderna intensiva, en una carrera loca por los rendimentos productivos, está llegando a unos límites que ponen en cuestión las reglas básicas de la agricultura y la alimentación, generando problemas de superproducción, toxicidad en los alimentos, contaminación en las aguas y en los suelos, y contribuyendo alarmantemente a la desaparición de muchas especies animales y vegetales.

De esta conciencia de los impactos ambientales, que encima están sirviendo para generar excedentes, expulsar a los verdaderos agricultores del campo y crear un sinfín de problemas irresolubles, la comisión llega a conclusiones y recomendaciones que se resumen en:

"Reconocer que los agricultores cumplen no sólo una actividad productiva y de desarrollo rural, sino a la vez de protectores del medio ambiente y del paisaje, por lo que debe apoyarse la explotación familiar y aquellas actividades económicas en el ámbito rural que eviten la despoblación".

"Fomentar los cultivos y ganaderías extensivas que reduzcan excedentes, conserven el medio ambiente y suministren productos alimenticios de calidad, a la vez que solucionan los problemas de stocks y excedentes".

"Seguir defendiendo la unidad de mercado y la preferencia comunitaria y convertir el presupuesto agrícola de la CE en un instrumento de verdadera solidaridad financiera en favor de los que tienen mayores necesidades".

Para que se produzcan estos cambios en el sector agrario, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta de política agrícola común (PAC) que contenga el presupuesto agrícola de la CE, reduzca precios, impulse la retirada de tierras, establezca medidas para los ceses de actividad, elimine los apoyos a las explotaciones intensivas y desarrolle un ambicioso programa medioambiental.

Arma arrojadiza

Sin embargo, este diagnóstico ¿es entendido por los distintos países comunitarios, y dentro de ellos, por los Gobiernos, partidos políticos y sindicatos? ¿Cómo van a reaccionar a estas propuestas los países dominantes de la CE, que suelen ser los que presumen de una mayor sensibilidad ante los problemas ecológicos y ambientales, que son los que más contaminan, por practicar en mayor grado modelos intensivos y tecnologías más agresivas?

El arma arrojadiza del medioambiente ya está servida en medio de un escenario en el que hay que repartir cuatro billones de pesetas que afectan a nueve millones de agricultores, pero, sobre todo, a un modelo agroalimentario en el que esos agricultores tienen muy poco que decir y donde las cifras de facturación de quienes transforman y distribuyen alcanzan cotas impresionantes.

Hasta qué punto el nuevo empeño de ecologizar la agronomía, contenido en documentos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial o la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) sobre La agricultura y la alimentación mundial y El desarrollo sostenible y la ordenación de los recursos naturales, puede influir en la nueva PAC, a pesar de los buenos propósitos de la comisión, es algo que vamos a poder comprobar en esta nueva etapa que se avecina.

De momento, aprobar el Reglamento CEE número 2092191, sobre la producción agrícola ecológica, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 22 de julio de 1991, ha costado varios años de discusiones y dar largas al asunto, actitud propiciada por algunos de los países de mayor peso comunitario (Francia, Reino Unido, Holanda, etcétera). Para ellos era mejor seguir manteniendo una actitud de ambigüedad normativa, antes de adoptar un reglamento que relance un nuevo modelo agroalimentario, en el que los países con menor grado de contaminación y mayores posibilidades para la ganadería extensiva y la práctica de una agricultura más tradicional, que suelen ser los del área mediterránea, aumenten sus posibilidades de mercado y de competitividad en la tan cacareada alimentación de calidad.

Curiosamente, España, que tiene el cartel de incumplidor e insensible a los problemas medioambientales, ha sido el país impulsor de este reglamento, que Carlos Romero, durante el mandato de Gobierno español de la CE, tuvo que meter con calzador en el Consejo de Ministros de Salamanca de 1989, ante la resistencia de algunos de los países que nos acusan de incumplidores de la normativa medioambiental. De todas formas, ya se encargaron algunos de los más influyentes, en dejar fuera de este reglamento, en una primera etapa, la ganadería acogida a esta denominación ecológica, en una defensa grosera de sus modelos ganaderos intensivos, que son los que están creando los grandes excedentes, despilfarros energéticos, insostenibles, mala calidad de las carnes estabuladas y una contaminación sin precedentes.

No quiero decir, en absoluto, que nuestro país sea un modelo de sensibilidad y respeto por la normativa medioambiental, porque está muy claro que no es así. Sólo llamo la atención ante la gran hipocresía reinante en esa especie de gallinero de intereses que hay en la CE.

De todas formas, es de esperar que en la Europa comunitaria, en la que hay hay precedentes del desarrollo de tecnologías no contaminantes y de programas de rehabilitación y descontaminación en ciertos sectores industriales, se produzca una reacción positiva en lo concerniente al sector agrario. Si la Comisión de las Comunidades Europeas ha llegado a las conclusiones que estamos comentando, y en los Estados Unidos la reconversión hacia una agricultura más ecológica lleva un paso mucho más firme y avanzado, las resistencias a esta reconversión deben ir desapareciendo ante la evidencia de que muchas de las actividades de la agricultura intensiva moderna son más contaminantes, incluso, que las de la industria.

El proceso negociador que se abre con la modificación de la propuesta de reforma de la PAC debe hacer meditar no sólo a las formaciones políticas que protagonizan los Gobiernos de los países comunitarios. También los sindicatos, prisioneros muchos de ellos de modelos de desarrollo esquilmantes e insostenibles, deberán modificar sus posiciones a fin de hacer posible los cambios que el sistema agroalimentario actual debe acometer cuanto antes.

Probablemente van a ser las organizaciones de consumidores las que practiquen formas de resistencias cada día mayores a la degradación alimentaria contenida en productos con claros índices de residuos tóxicos, carnes sometidas a cebos confinalizadores, etcétera.

Finalmente, conviene insistir en que no basta con producir literatura ambiental, ni siquiera medidas legislativas. Defender sinceramente la agricultura ecológica exige medidas concretas de apoyo en investigación, en tecnología y en recursos económicos y financieros. Cuanto más se tarde en desarrollar programas en esta dirección, más irresolubles se volverán los problemas de la agricultura comunitaria.