Las fundaciones critican el borrador de la ley del Mecenazgo

La imposibilidad de detentar una participación mayoritaria en sociedades mercantiles, el hecho de que el 90% de los ingresos de las fundaciones haya de ser reinvertido en gastos fundacionales y el recorte del fomento a las donaciones son tres de los puntos que han resultado más polémicos del anteproyecto de Ley de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación con las fundaciones.

El anteproyecto fue puesto en circulación por el Ministerio de Economía y Hacienda en la primera semana del pasado mes de noviembre y se encuentra en fase de debate en el seno de cerca de 2.000 fundaciones existentes en España y otras instituciones no lucrativas afectadas.El Centro de Fundaciones, asociación creada en 1978 y que agrupa a más de 200 de estas organizaciones, ha convocado para el día 12 de diciembre un encuentro sobre fiscalidad y una asamblea general en la que será discutida una propuesta de contestación al informe, solicitada por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.

Pendiente de la resolución de la asamblea, el presidente del Centro de Fundaciones, Antonio Sáenz de Miera, manifiesta su preocupación hacia un anteproyecto fiscal que "pudiera no responder a las legítimas aspiraciones y esperanzas de las fundaciones".

Empeoramiento

Antonio Sáenz de Miera hace un análisis retrospectivo y recuerda que "a partir de 1978 la situación fiscal de las fundaciones fue empeorando progresivamente. La aprobación de la Ley de IRPF que entrará en vigor el próximo enero y restablece la deducción de los donativos y elimina las plusvalías derivadas de las donaciones efectuadas por las personas físicas representaba el comienzo de un cambio de tendencia hacia un mejor tratamiento fiscal de las fundaciones. Esto", añade, "se vio reforzado por el presidente del Gobierno cuando en el último debate sobre el estado de la nación anunció la atención del Gobierno de fomentar estas actividades. Sin embargo, es evidente el paso atrás que se da con el anteproyecto actual y esto no es una opinión personal, sino un dato objetivo"."Es una pena, costaría muy poco dinero", prosigue Antonio Sáez de Miera , "hacer una buena ley fiscal para las fundaciones. No es comparable lo que se pudiera entender como un efecto positivo para las arcas del Estado en forma de recaudación tributaria con el efecto desincentivador que eso podría producir en la consolidación de la labor que se está haciendo y el estímulo de nuevas iniciativas sociales, que es lo que requiere nuestro contexto histórico".

Sáenz de Miera señala que en el Centro de Fundaciones "nunca hemos querido que los asuntos fiscales absorbieran lo esencial de nuestra actividad. Hemos creído siempre que lo importante es sacar a la luz el papel social de las fundaciones y la aceptación de dicho papel por el entorno político y social, como lógica consecuencia de su consagración constitucional. Y eso se ha conseguido. El Estado, por sí solo, ya no puede ser el garante del cumplimiento de los objetivos sociales y culturales".

El presidente del Centro de Fundaciones apunta que el tratamiento fiscal ideal sería aquel que tuviera en cuenta la idea de una fundación moderna, "con gestión eficaz y con recursos para cumplir sus fines de interés general. De las informaciones aparecidas", apunta Sáenz de Miera, "se desprende que el anteproyecto está considerado como discriminatorio frente al régimen jurídico tributario de las sociedades mercantiles".