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Descansen en paz las víctimas de Pinochet

Los jueces deberán pronunciarse sobre el hallazgo de cadáveres de desaparecidos

Los parientes de 125 víctimas de la represión posterior al golpe militar de 1973 sepultadas sin identificación en el cementerio general de Santiago sólo pudieron entrar al lugar una vez terminada la exhumación de los cuerpos. Junto a una sepultura vacía, Sola Sierra, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos dijo: "Aunque ellos no se encuentran aquí, nosotros queremos decirles que descansen en paz".

Los familiares depositaron claveles rojos en las tumbas. Finalizó así el sábado la mayor exhumación que ha conocido Chile, cuyas reprecusiones mostraron que la sociedad todavía no cicatriza las heridas de 17 años de dictadura y, de paso, arruinaron la faz institucional que Pinochet quiso presentar en una serie de entrevistas a medios locales, cuando se avecina la discusión del presupuesto militar.A su reacción inicial, considerando "una economía" el hallazgo de más de un cuerpo por tumba, agregó Pinochet en una entrevista del diario El Mercurio que en Chile "hubo una guerra ¡regular, en la cual los muertos fueron sepultados en tumbas de circunstancia". Después de la lucha contra miles de guerrilleros sin identificación, el depósito de cadáveres estaba lleno "y nadie reclamó esos cuerpos", dijo. Pidió un indulto general para que se acabe la "fiesta" que se está haciendo ahora al abrir las tumbas, y admitió que fue una ligereza su comentario sobre la economía.

La interpretación de Pinochet es que se eligió septiembre para la exhumación con el fin de perturbar los dos aniversarios que su institución celebra este mes: el golpe de Estado y la independencia chilena. La herida estaba cerrada. "¿Por qué la abren de nuevo? Buscaron el mes del ejército para abrir las tumbas", afirmó a El Mercurio.

Menores y mujeres

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La mayoría de los restos del cementerio, entre ellos los de menores y mujeres, tienen numerosos impactos de bala y fracturas en brazos y pelvis, según la abogada Pamela Pereira, de la Vicaría de la Solidariad. El obispo católico Sergio Valech, de esta vicaría, presentó la querella por inhumación ilegal. Pereira vio un cuerpo con 15 impactos de bala y otro con signos de quemaduras. Ella atribuyó las fracturas a las palizas que solían recibir los detenidos, generalmente dentro de camiones militares.

El padre de la abogada, detenido en su domicilio por soldados, uno de los 1.000 desaparecidos de la dictadura, podría estar entre los exhumados. El saberlo me estimuló a trabajar muy bien", afirmó. También podría estar un niño de 13 años, que fue a comprar dulces y fue muerto durante el toque de queda. La mayoría de las víctimas de este período no eran militantes. "Fue represión indiscriminada", asegura la abogada Rose Marie Bornand, de la Vicaría de la Solidaridad.

Un número indeterminado de cadáveres fue sepultado en unas 300 tumbas del cementerio entre septiembre y diciembre de 1973. Cuando los familiares comenzaron a dejar flores; en las sepulturas, los servicios de seguridad de la dictadura exhumaron varios cuerpos.

Sobre la base de las autopsias practicadas y los datos antropométricos reunidos por los parientes de las víctimas, se iniciará la identificación. "Tendremos que cotejar con un universo de 180 casos posibles", afirmó Pereira.

Después de la identificación, los; jueces de Santiago recibirán los expedientes. Cada magistrado decidirá si hay que determinar quién los mató, como sostienen los organismos de derechos humanos, o aplicar de inmediato la ley de amnistía dictada por el Gobierno militar y que cubre los casos entre 1973 y 1978. Ésa será una decisión importante para el proceso de transición a la democracia.

Aún no se han ubicado los cuerpos de tinos 800 desaparecidos, parte de los cuales está en el océano. "Si Pinochet conoce y sabe, dónde están las tumbas de circunstancia, que entregue de una vez por todas la información y no prolongue el sufrimiento de las familias", exigió Pereira.

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