Una óptica progresista

Quienes preconizan la ampliación de los supuestos no punibles de aborto -bien mediante la introducción en el Código Penal de la indicación socioeconómica, bien mediante el sistema de plazos- incurren en dos omisiones difícilmente justificables desde una óptica progresista, si por progresismo se entiende una tendencia favorable a reforzar los derechos humanos y sus garantías jurídicas y, a la vez, un compromiso social de los poderes públicos que impide a éstos desentenderse de los reales y dramáticos problemas que están -con frecuencia- en la base de la decisión de abortar.Veamos por separado ambos extremos, que no implican más que hacer caso, respecto al aborto, al precepto constitucional que establece que España se constituye en un Estado social de derecho. Social y de derecho: ¿qué supone esto si nos referimos al aborto?

Un Estado social es aquel en el que el Estado no considera como problema privado que le es ajeno las situaciones particulares de absoluta carencia de medios para lograr la calidad de vida que se juzga exigible en cada época y lugar. Tras la decisión de abortar suele estar un grave problema humano: miedo a no poder mantener el hijo por carencia de posibilidades económicas, la injusta presión social contra las madres solteras en el seno de algunos grupos sociales, el abandono que padece la embarazada por parte del padre de la criatura y/ o su propia familia, las dificultades que implica tener un hijo minusválido, etcétera. Son éstos problemas reales, muy reales, que pueden llevar a una mujer a ver el aborto como un bien en cuanto solución de tales problemas. Pero el aborto no es solución de ningún problema: ni elimina las dificultades económicas, ni la insolidaridad social con los minusválidos, ni la injusticia que cometen quienes rechazan a la soltera embarazada, ni ninguno de los otros reales problemas que pueden existir en el entorno de la mujer que se plantea abortar.

Derechos humanos

La única solución progresista para estos problemas angustiosos, que pueden ser el caldo de cultivo de la decisión de abortar, es la que respeta los derechos humanos de todos los implicados -madre e hijo- y pone en marcha los mecanismos de solidaridad social para que tener un niño no sea una -en ningún caso- exigencia de heroicidad.

Esta solución progresista implica para el Estado y la sociedad la exigencia de garantizar el derecho a la vida de todos los implicados, madre e hijo, aplicando criterios de solidar¡dad social para ayudar a resolver los problemas de aquélla a la par que se garantizan los derechos de éste. A estas alturas del siglo XX pretender que eliminar a un ser humano es la forma idónea de resolver un problema social o personal sería tanto como reconocer que nuestra sociedad es radicalmente injusta, que la política social del Estado no sirve para nada y que una y otra conclusiones, son el no va más de nuestro ideal ético de justicia.

Como las inclusiones expuestas son absolutamente inadmisibles, debemos concluir que la solución progresista exige garantizar los derechos de los seres humanos implicados -madre e hijo-, asegurando jurídicarnente a una y otro, el Estado y el ordenamiento jurídico, el derecho a la vida y las medidas de política social que hagan a esas vidas la de -la una y la del otro- dignas y con cuotas de calidad asimilables al ideal en la medida de lo posible, conforme a los parámetros de nuestra época. En todo caso, las insuficiencias de la política social del Estado nunca pueden legitimar la muerte de inocentes para evitar problemas que la insolidaridad social y las carencias estatales puedan poner de manifiesto.

Un Estado de derecho es aquel en que la norma jurídica establece unos cánones de eficaz protección de la dignifidad de la pesona humana y garantiza que, al final, los tribunales pueden, hacer real en la vida social ese nivel de garantía de los derechos humanos. Pues bien, en lo referente al aborto, en España estarnos asistiendo al triste espectáculo de unos poderes públicos que están subordinando el Estado de derecho y sus mecanismos definitorios a la personal obsesión proabortista, en algún caso tributaria del subjetivo afán de lograr que la sociedad española cohoneste mayoritariamente la conducta personal.

En España estamos asistiendo a una prostitución del Estado de derecho en aras del intento de algunos de que el aborto sea visto como positivo por la sociedad española.

En efecto, se desprecia la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el carácter de valor amparado por el artículo 15 de la Constitución que tiene el nasciturus, dictándose resoluciones judiciales que consideran al no nacido como bien jurídicamente irrelevante o subordinado a circunstancias rechazadas por el 3 Tribunal Constitucional como prioritarias; una parte del Gobierno se implica en la prornoción del aborto libre al margen de lo que establecen las leyes, sin rubor e incluso prevaliéndose del triste ejemplo de haber alguna

ministra abortado al amparo del privilegio injusto de que abortar aquí es delito y hacerlo pasados los Pirineos no lo es, según estableció el Tribunal Constitucional con criterio quizá, jurídico, pero materialmente injusto e irracional; el Parlamento se olvida de que, al respecto, el Código Penal es despreciado e inaplicado, y no investiga sobre el tema; el ministerio fiscal sobre todo, en su cabeza- parece más el defensor de las tesis ajurídicas proabortistas; que de la legalidad vigente y..., mientras tanto, una serie de señores tienen montado un lucrativo negocio -al margen del derecho, pero con connivencias políticas- del que hacen fuente de fortunas personales sobre el dolor ajeno y a costa de la vida de miles; de no nacidos por haber sido eliminados mediante el aborto.

Afanes y defensas

Y la guinda de esta quiebra del Esrado de derecho la anuncia ya el ministro de Justicia al sacar a la luz un proyecto de exclusión de la acción popular en las causas por aborto. Así se lograría que los jueces, y tribunales no pudiesen enjuiciar un, delito, pues, el ofendido por el aborto -el niño- no puede reclamar por estar muerto, los implicados no van a actuar contra sí mismo y el ministerio Fiscal está a las órdenes de don Leopoldo.

Quienes así ponen sus afanes proabortistas por encima de la defensa del Estado de derecho hacen un flaco favor a la democracia en un doble respecto: por una parte excluyen arbitrariamente a parte de la humanidad -los no nacidos- de la protección del derecho, y por otra parte subordinan la protección jurídica de los derechos del ser humano a sus particulares opciones admitiendo así que el Estado de derecho y los derechos de la persona no son absolutos, y que la ideología personal está por encima de ambos, siendo apta para legitimar la quiebra de aquéllos. Lo que quizá no valoran quienes así piensan es que si ese argumento es válido para el aborto, puede serlo para otros atentados coritra la dignidad humana que, en su día, se justificaron con argumentos similares.

Lo progresista en materia de aborto es defender, respecto al derecho a la vida, lo que cualqueir progresista defiende respecto al resto de los derechos humanos: quie éstos deben ser garantizados por el ordenamiento jurídico sin complicidades con ideologías no humanistas, y que los problenias sociales que pueden, llevara una persona a pensar que su solución exige atentar a derechos de otros, son asunto a resolver con una política social justa y no con una política limitadora de los derechos humanos y justificadora de la insolidaridad violenta.

Es irniprescindible llegar a un sano ecologismo que, excluyendo la violericia contra los no nacidos, extienda coherentemente la solidarldad humana a todos los miembrosde la raza humana, admitiendo que éstos son iguales y, titulares de los mismos derechos desde que exisiten hasta que dejan de ser, desde la fecundación hasta la rnuerte.

es abogado.