El presidente chileno pide perdón a las familias de las víctimas de Pinochet

ENVIADO ESPECIALEl presidente de Chile, el democristiano Patricio Aylwin, pidió, como presidente de la República y en representación de toda la nación, perdón a los familiares de las víctimas de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el régimen del general Pinochet. Aylwin formuló esta petición de perdón en un solemne discurso en el que presentó el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En la primera parte de su discurso, Aylwin presentó un resumen del informe de esta Comisión de nueve miembros, que durante nueve meses trabajó en la investigación de los crímenes con con consecuencia de muerte. Concluyó la Comisión que en todo el periodo examinado se produjeron 2.279 víctimas, "de las cuales 164 son consideradas víctimas de violencia política", es decir, causadas por las organizaciones de extrema izquierda, y 2.115 fueron "víctimas de violación a sus derechos humanos", como con secuencia de la actividad de agentes de la dictadura y las Fuerzas Armadas. En esta cifra se incluyen 957 "detenidos por agentes del Estado y desaparecidos", es decir, aquellos cuyos cadáveres no han sido encontrados o entregados a sus familiares.Aylwin no quiso valorar la legitimidad del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973: "Eso lo juzgará la historia, pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el informe". Rechazó la argumentación del supuesto estado de guerra y la "necesidad de defender a la patria del terrorismo. Todos sabemos, y el informe lo establece, que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control total del país muy rápidamente, a lo más en muy pocos días. Nada justifica que se torture y ejecute a prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos".

Responsabilidades

Declaró solemnemente Aylwin que la sociedad chilena está en deuda con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y añadió: "Pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo". Destacó Aylwin que la justicia exige el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos y sobre la determinación de responsabilidades precisó: "Es tarea que dentro del estado de Derecho corresponde a los tribuna les de justicia". La Comisión carecía de facultades jurisdiccionales y se limitó a emitir un informe que los nueve miembros aprobaron por unanimidad, a pesar de su distinta procedencia política. Uno de los miembros había sido ministro de Educación de Pinochet.

Aylwin anunció que se enviará al Congreso un proyecto de ley para conceder una pensión a los familiares directos de las víctimas, establecer un procedimiento especial para la declaración de muerte de detenidos desaparecidos y también la creación de un defensor del pueblo.

Reconoció Aylwin que respecto a las violaciones a los derechos humanos en Chile "la verdad fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denunciaban, otros -que sabían- las negaban y quienes debieron investigarlas no lo hicieron".