Bajo sospecha

RESULTA INSÓLITO que alguien dé por bueno el fraude de las falsas peonadas, en el que están presuntamente implicados algunos alcaldes y varios cientos de jornaleros andaluces, basándose en el paternalismo de que una cosa es el fraude de los ricos y otra el de los pobres. Ciertamente, sería hipócrita convertir este asunto en paradigma por excelencia del fraude en España cuando cada día asistimos a espectáculos como los de las falsas facturas y demás familia. Pero no será ignorando unos delitos como se evitarán otros. Al revés, la sensación de impunidad que produciría no investigar fraudes como el presuntamente producido con los subsidios al empleo rural sería una coartada para quienes defraudan al por mayor.En ese sentido, el anuncio por parte del PSOE de Granada de que, en caso de producirse condena, solicitaría de inmediato -basándose en la motivación humanitaria de los defraudadores- el indulto para los ediles y jornaleros investigados resulta bastante irresponsable. La investigación en defensa de la legalidad es obligada. Será ella la que determinará, en su caso, las eventuales circunstancias atenuantes y hasta quizá eximentes. Por ejemplo, es posible que, en efecto, en muchos casos pueda hablarse de estado de necesidad de las familias afectadas; pero no es lo mismo que -en una familia se cobren uno o más subsidios y que haya o no otras vías de ingresos. Y lo que no resulta admisible es esa coacción más o menos encubierta que en un caso como éste supone anunciar, antes de que tales eventuales circunstancias hayan sido dilucidadas por la investigación judicial y plasmadas en la correspondiente sentencia, que de todas formas no habrá consecuencias penales porque un partido, que es el del Gobierno, solicitará el indulto.

Además, no merece la misma consideración el particular que recurre al fraude que la autoridad que lo consiente. Sobre todo por las evidentes implicaciones políticas del asunto. Pues si bien hay buena dosis de demagogia en las apelaciones de la derecha al voto cautivo -incluyendo en tal concepto situaciones muy diferentes-, no es posible ignorar los efectos electorales de esa forma de irregular beneficencia dispensada por quienes van a solicitar el voto de los ciudadanos. No es lo mismo realizar una concreta opción presupuestaria que favorezca a determinadas capas de la población -subvencionar las vacaciones de los jubilados, por ejemplo- que consentir el fraude para ganarse el apoyo de quienes defraudan.

Otra cuestión suscitada ha sido la de la necesidad de modificar la legislación del empleo rural. El argumento tautológico de algunos es que la existencia misma del. fraude demuestra que la norma es inadecuada a la realidad. Es posible que la exigencia de 60 jornadas de trabajo al año sea un sistema imperfecto; pero siempre habría razones para considerar igual de imperfecta una norma que fijase el mínimo en 30 o en 70 jornadas. Lo único que parece claro es que hay quefijar alguna norma, y que, una vez plasmada en la legislación, ha de ser respetada. Especialmente por quienes están obligados por oficio a garantizar el cumplimiento de la ley.